La senadora Yolanda Paredes cuestionó la respuesta del Ministerio Público ante la crisis de ueno bank y reclamó una investigación más amplia. Advirtió que la futura comisión bicameral no podrá sustituir las atribuciones de la Fiscalía y alertó sobre el riesgo de pérdida de pruebas.
La senadora Yolanda Paredes cuestionó duramente la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, frente a las investigaciones relacionadas con la crisis de ueno bank. Durante una entrevista con Central Radio 1140 AM, sostuvo que el Ministerio Público no está respondiendo con la rapidez ni con los recursos humanos que exige la magnitud del caso.
Cuestiona a Rolón y exige ampliar el equipo de fiscales
Paredes sostuvo que la investigación de ueno bank requiere un número considerablemente mayor de agentes fiscales para avanzar sobre las operaciones y las posibles responsabilidades de los involucrados. Esto porque un equipo reducido no puede procesar adecuadamente una causa que considera de gran complejidad y que habría afectado a millones de personas.
La senadora planteó que deberían asignarse entre 20 y 40 fiscales a las investigaciones y cuestionó que la cantidad de imputados sea todavía limitada. En ese marco acusó a Rolón de obstaculizar las investigaciones y sostuvo que su permanencia al frente del Ministerio Público compromete la posibilidad de esclarecer los hechos.
“Este fiscal general del Estado realmente no puede seguir un minuto más, es parte de la mafia, es parte de la estructura”, afirmó Paredes.
También mencionó la eventual presentación de un juicio político contra el fiscal general desde sectores opositores.
Advierte que la comisión bicameral no puede reemplazar a la Fiscalía
La legisladora explicó que la conformación de una comisión bicameral todavía requiere aprobación parlamentaria y la posterior designación de sus integrantes y autoridades.
Ademas, que la comisión podrá convocar personas, recibir declaraciones y solicitar información, pero “la mera aprobación de la formación de una comisión bicameral no es suficiente”, carece de las facultades jurisdiccionales y de investigación penal que corresponden a las autoridades competentes.
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Alerta sobre la pérdida de pruebas por las demoras
Uno de los principales reclamos de Paredes estuvo relacionado con la oportunidad de los allanamientos y la preservación de evidencias. La legisladora cuestionó que durante las primeras diligencias relacionadas a Santiago Peña no se contara con las órdenes necesarias para incautar su telefono celular y consideró que “cada minuto que pasa, se están perdiendo pruebas”, relevantes para la investigación.
También reclamó procedimientos en empresas presuntamente vinculadas al caso y sostuvo que las autoridades deberían examinar a un número mayor de posibles responsables, como la exprimera dama Leticia Ocampos y el exministro del MITIC Gustavo Villate.
Denuncia vínculos políticos y cuestiona la independencia institucional
Paredes sostuvo que la actuación de la Fiscalía debe analizarse dentro de un problema más amplio de independencia institucional. Asimismo, cuestionó los vínculos entre las autoridades del Ministerio Público y los sectores políticos que intervienen en su designación y en la aprobación de sus recursos presupuestarios.
Durante la conversación, también formuló acusaciones contra el fiscal general del Estado Emiliano Rolón. Al ser consultada sobre la posibilidad de modificar el mecanismo de designación del fiscal general, explicó que una transformación de esa naturaleza exigiría cambios constitucionales pero consideró que actualmente no existen condiciones políticas para impulsar una reforma de ese alcance.
Datos biométricos: preocupación por la seguridad de la información
Otro tema abordado fue el resguardo de los datos personales y biométricos recopilados mediante servicios financieros y tecnológicos del Grupo Vázquez. Se planteó la inquietud sobre la protección de huellas dactilares, registros faciales e información bancaria, ante el riesgo de accesos indebidos o filtraciones.
Paredes compartió la preocupación y cuestionó la capacidad de la Fiscalía para afrontar investigaciones tecnológicas complejas.
“Si esta fiscalía no pudo incautar un teléfono celular, ¿te parece que va a poder resolver, y va a poder investigar el tema del robo de la identidad electrónica?”, expresó la senadora.
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