El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, pidió incluir más recursos para infraestructura, tecnología y personal en el PGN 2027. Advirtió que la Fiscalía enfrenta un aumento de causas penales, funciona mayoritariamente en inmuebles alquilados y dispone de recursos forenses insuficientes.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, advirtió que las limitaciones presupuestarias del Ministerio Público comprometen su capacidad para investigar hechos punibles y responder a las crecientes demandas de la ciudadanía. En el marco del debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, reclamó una mayor inversión estatal y un compromiso político sostenido para fortalecer la institución.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, Rolón explicó que presentó sus requerimientos ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y calificó de favorable la receptividad inicial de los legisladores. La conducción del programa señaló que la asignación inicial contemplada para el Ministerio Público ronda los USD 127 millones, mientras que la institución solicita una ampliación destinada, entre otras necesidades, a infraestructura y equipamiento forense.
Más causas penales y recursos que no acompañan la demanda
Rolón sostuvo que las responsabilidades del Ministerio Público se ampliaron considerablemente con la Constitución Nacional de 1992, que le otorgó autonomía funcional y administrativa y mayores competencias en la investigación penal. Sin embargo, ese crecimiento institucional no estuvo acompañado de inversiones suficientes.
Según los datos del el fiscal general, el año pasado ingresaron unas 215.000 causas, mientras que en lo transcurrido del presente año ya se registraron aproximadamente 230.000. También señaló que componentes del presupuesto ordinario, relacionados al personal, insumos y transporte, no han experimentado mejoras sustanciales en una década.
“Creamos una institución y le dotamos de enorme responsabilidad, pero sin perspectivas en medios”.
El fiscal general afirmó que el fortalecimiento institucional requiere una planificación de largo plazo, especialmente para incorporar tecnologías y ampliar la capacidad de investigación.
El 90 % de los inmuebles utilizados por la Fiscalía son alquilados
Uno de los principales problemas identificados por Rolón es la infraestructura, de la cual casi el 90 % de los inmuebles que utiliza el Ministerio Público son alquilados y muchos no reúnen las condiciones necesarias para instalar equipamientos tecnológicos y procesar información.
Durante su gestión se consiguieron alrededor de 38 predios en distintos puntos del país, con la intención de desarrollar instalaciones propias. También planteó la necesidad de contar con instalaciones adecuadas en el norte del país, el Chaco, Pilar y Asunción.
Un laboratorio con 19 peritos y una morgue que no pertenece a la Fiscalía
Rolón describió como especialmente preocupante la situación de los servicios forenses.
“Tenemos un laboratorio forense en la capital con 19 peritos, que es imposible que tengan tiempo para procesar toda la información”.
Asimismo, existe una sola morgue, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional, y no al Ministerio Público. Por ello consideró urgente ampliar la infraestructura forense, incorporar profesionales especializados y desarrollar laboratorios con capacidad tecnológica en distintas regiones.
Rolón cuestiona los límites impuestos al presupuesto
El titular del Ministerio Público sostuvo que la autonomía constitucional de la institución se ve condicionada por los límites presupuestarios establecidos desde el Poder Ejecutivo. Pese a las necesidades planteadas, la Fiscalía debe ajustar sus requerimientos a los techos definidos durante la elaboración del PGN.
También cuestionó las dificultades para ejecutar los recursos aprobados debido al sistema de habilitación de fondos, por los cuales los planes de caja comienzan a otorgarse en abril y se aproximan a su cierre en noviembre, lo que reduce el tiempo efectivo para ejecutar las partidas.
“Lógicamente con esas limitaciones no podemos llegar a ser efectivos”.
Propone garantizar recursos mediante una disposición legal
Como alternativa, Rolón planteó establecer un mecanismo que garantice una asignación presupuestaria para el Ministerio Público, tomando como referencia la protección constitucional prevista para el financiamiento del Poder Judicial. Una propuesta legislativa de este tipo permitiría comprometer recursos para una institución que tiene amplias responsabilidades, pero carece de garantías presupuestarias equivalentes.
A su criterio, una decisión de esa naturaleza demostraría voluntad política para fortalecer la seguridad jurídica del país.
“La falta de previsión en nuestro país es alarmante, a mi me preocupa de sobremanera”.
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