El abogado Adolfo Ferreiro sostiene que el Congreso Nacional debió dar por terminado el procedimiento tras la renuncia del expresidente Santiago Peña. Afirmó que todavía no se decidió presentar una acción constitucional y defendió la posibilidad de acudir a instancias internacionales.
El abogado Adolfo Ferreiro, encargado de la defensa de Santiago Peña en el juicio político que terminó con su destitución, cuestionó la validez del procedimiento parlamentario y sostuvo que la renuncia presentada por el entonces presidente debió poner fin al proceso.
En una entrevista con Central Radio 1140 AM, Ferreiro afirmó que su cliente todavía no resolvió si impugnará la decisión del Congreso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También señaló que existe la posibilidad de acudir posteriormente a instancias internacionales.
Con la renuncia debió terminar el juicio político
El principal cuestionamiento del abogado se concentra en la decisión del Congreso de continuar el procedimiento pese a la renuncia presentada por Peña.
Según su postura, una vez que un mandatario renuncia, desaparece el objeto del juicio político porque la separación del cargo ya se produjo. Ferreiro comparó el procedimiento con un sumario administrativo contra un trabajador que decide abandonar voluntariamente su puesto. A su criterio, continuar con una destitución después de la renuncia constituye una contradicción jurídica.
“¿Cuál es el sentido de seguir un juicio político si vos ya renunciaste?”, planteó.
El defensor sostuvo que el Congreso debió reconocer la salida del mandatario y permitir que las investigaciones sobre posibles delitos continuaran ante la justicia ordinaria.
La defensa analiza acudir a la Sala Constitucional
Ferreiro confirmó que todavía no existe una decisión definitiva sobre la presentación de acciones judiciales contra el resultado del juicio político. Una eventual impugnación debería tramitarse ante la Sala Constitucional de la CSJ.
También mencionó la posibilidad de recurrir posteriormente al sistema internacional de protección de derechos humanos pero aclaró que Peña debe decidir si seguirá ese camino y que no había adoptado una determinación.
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Rechaza el argumento de los fueros del senador vitalicio
Uno de los motivos expuestos durante el debate parlamentario para rechazar la renuncia fue evitar que Peña accediera a la condición de senador vitalicio y conservara los fueros de esa figura pero el abogado rechazó que esa posibilidad justificara continuar el juicio político.
Según su interpretación, si existía una mayoría legislativa suficiente para destituir al presidente, también podía reunirse una mayoría para levantar los fueros cada que un juicio lo requiera.
El abogado sostuvo que las inmunidades parlamentarias no deben entenderse exclusivamente como privilegios personales, sino como una garantía que busca impedir que una denuncia sea utilizada arbitrariamente para apartar a un representante elegido por la ciudadanía.
“El fuero al parlamentario es más que una protección al parlamentario, es una protección a la voluntad del pueblo que lo votó”, afirmó.
Cuestiona la acusación y denuncia incumplimientos del debido proceso
Ferreiro también objetó la formulación de la acusación parlamentaria. Sostuvo que el juicio político debe distinguir entre la comisión de delitos comunes, los delitos cometidos en ejercicio del cargo y el mal desempeño de funciones.
A su criterio, los acusadores mezclaron cuestionamientos de naturaleza penal con argumentos sobre responsabilidad política sin establecer adecuadamente sus fundamentos.
El abogado afirmó que durante el procedimiento no se habría garantizado una valoración suficiente de las pruebas ni las condiciones necesarias para ejercer la defensa e insistió en que las garantías constitucionales deben respetarse independientemente de la gravedad de las acusaciones o de la valoración pública que exista sobre una persona.
Distingue el juicio político de la investigación penal
El defensor rechazó que los cuestionamientos a la legalidad del juicio político deban interpretarse como un intento de impedir las investigaciones penales. Según explicó, las eventuales conductas delictivas deben examinarse ante los tribunales competentes, mediante procedimientos que permitan presentar y controvertir pruebas.
También respondió a los señalamientos sobre la responsabilidad política de Peña por la designación de autoridades de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero. Ferreiro sostuvo que esas responsabilidades debían formularse y fundamentarse de manera adecuada dentro de la acusación parlamentaria.
En ese contexto, reiteró que la renuncia del mandatario no habría impedido que la justicia penal continuara investigándolo.
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