El senador Salyn Buzarquis sostuvo que la destitución mediante juicio político a Sanitago Peña evitaría que acceda a la condición de senador vitalicio. Cuestionó los intentos de acelerar su salida mediante la renuncia y advirtió sobre el riesgo de impunidad.
El senador nacional Salyn Buzarquis defendió la continuidad del juicio político contra el presidente Santiago Peña y advirtió que aceptar su renuncia podría dificultar eventuales procesos judiciales. Durante una entrevista con Central Radio 1140 AM, explicó las diferencias que existen entre ambas vías de salida del poder.
Buzarquis sostuvo que el debate no debe limitarse a conseguir que Peña abandone la Presidencia, sino también a determinar en qué condiciones dejaría el cargo y qué consecuencias tendría esa decisión para futuras investigaciones.
“La gente no está diferenciando entre aceptar una renuncia y sacarle por juicio político. Son dos cosas diferentes”, afirmó.
Advierte que la renuncia permitiría acceder al Senado vitalicio
El legislador explicó que aceptar la renuncia presidencial permitiría a Peña adquirir la condición de senador vitalicio, mientras que una destitución mediante juicio político impediría ese resultado. Los senadores vitalicios pueden participar en las sesiones y hacer uso de la palabra, aunque carecen de derecho al voto.
Para Buzarquis, la principal diferencia está en las consecuencias que esa condición podría tener sobre eventuales investigaciones penales: “Si tiene diez denuncias, por cada denuncia, él tiene que ser desaforado”, explicó.
Sostiene que el juicio político permitiría exigir responsabilidades sin desafuero
Buzarquis defendió la destitución como el mecanismo que permitiría que Peña respondiera ante la Justicia sin conservar las prerrogativas asociadas al Senado vitalicio, a partir del juicio político él se convierte en un ciudadano común, sin cargo ni fueros.
El legislador señaló que el juicio político constituye una sanción por mal desempeño de funciones y su planteamiento apunta a evitar que las decisiones del Congreso generen obstáculos adicionales para investigar posibles responsabilidades.
Denuncia riesgos para fondos públicos y cuestiona responsabilidades políticas
Durante la conversación, Buzarquis también se refirió a los recursos estatales que estarían comprometidos por la crisis bancaria. Afirmó que el monto involucrado podría aproximarse a USD 1.000 millones y mencionó, entre otras instituciones, al Instituto de Previsión Social (IPS), Petropar, la ANDE y organismos del área económica y sanitaria.
“¿Quién va a devolver esa plata?”, cuestionó.
El senador advirtió que una eventual pérdida de recursos públicos tendría consecuencias sobre la capacidad del Estado para financiar servicios y cumplir sus obligaciones.
Alerta sobre un posible escenario de impunidad
Buzarquis insistió en que una salida presidencial mal resuelta podría terminar beneficiando políticamente a quienes deban rendir cuentas. Consideró que la presión ciudadana actual no garantiza que los legisladores mantengan la misma posición en los próximos meses.
“Si se hace mal, lo que vas a lograr es un blanqueo, vas a tener impunidad”, advirtió.
A su criterio, aceptar la renuncia también podría sentar un precedente que facilite la salida voluntaria de futuros mandatarios cuestionados, sin una sanción política por su desempeño.
Explica los plazos y el derecho a la defensa en el Senado
Consultado sobre el pedido de 72 horas formulado por Peña para preparar su defensa, Buzarquis afirmó que el presidente tiene derecho a defenderse durante el juicio político, pero si bien la Constitución reconoce ese derecho, los plazos específicos del procedimiento están establecidos en el reglamento del Senado.
También cuestionó los intentos de extender el procedimiento, al considerar que podrían responder a una estrategia para reducir la presión política y modificar las posiciones de las bancadas: “Lo que algunos quieren es ganar tiempo”, afirmó.
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