Imagen: Fiscal Belinda Bobadilla – Pds Digital
En entrevista con Central Radio 1140 AM, la fiscal Belinda Bobadilla, quien lleva adelante la investigación penal de la mafia de los pagarés, un esquema de estafa y extorsión que opera mediante el uso de documentos falsos o manipulados para reclamar deduas inexistentes. La fiscal reconoció la complejidad del caso: “Estamos ante un esquema que ha causado un daño social, económico y emocional enorme. Hay personas que han perdido sus casas, sus trabajos e incluso la vida”.
Una red judicial paralela
Según la Fiscalía, el caso gira en torno a la utilización de pagarés presuntamente falsificados para iniciar juicios ejecutivos en los Juzgados de Paz de la capital. Las demandas, muchas veces iniciadas sin notificación adecuada a los demandados, terminan en embargos automáticos sobre salarios, bienes o cuentas bancarias.
“El sistema procesal civil paraguayo es dispositivo, lo que significa que los procesos avanzan según lo que soliciten las partes. Si no hay una defensa activa, el juicio continúa su curso”, explicó la fiscal Bobadilla. “Pero lo alarmante aquí es que muchas víctimas no sabían que estaban siendo demandadas. No recibieron ninguna notificación”.
Deudas que se multiplican de manera inexplicable
Uno de los elementos más perturbadores es el crecimiento exponencial de las deudas. Ciudadanos que firmaron pagarés por 5 millones de guaraníes hoy enfrentan embargos por sumas que superan los 250 millones.
“Se trata de intereses punitorios, recargos y costas que, muchas veces, no fueron pactados o se calcularon de forma irregular. Ahí podría configurarse un delito de estafa, producción de documentos no auténticos o incluso asociación criminal”, señaló Bobadilla.
Dos caminos: frenar el daño y exigir reparación
El Ministerio Público ha identificado al menos 700 casos con indicios de irregularidad, pero los números reales podrían ser mucho mayores. Frente a este panorama, la Fiscalía trabaja en coordinación con la Defensoría Pública, los juzgados y la Comisión de Derechos Humanos del Senado para asistir a las víctimas.
“El primer paso es que las personas afectadas se presenten ante el juzgado con un abogado —ya sea particular, defensor público o del consultorio jurídico de la Universidad Católica— y soliciten la nulidad del proceso, demostrando que no fueron notificadas o que ya habían pagado la deuda”, explicó la fiscal.
Aquellos que han sufrido perjuicios económicos o patrimoniales pueden, además, iniciar una demanda civil por indemnización. “La vía civil permite solicitar la reparación del daño. Pero cada caso debe ser examinado individualmente, con pruebas”, aclaró.
Un sistema colapsado, pero con voluntad de corregir
La fiscal admitió que los juzgados de Paz están sobrecargados, pero también resaltó que hay jueces comprometidos que están dando prioridad a estos casos: “Cuando un ciudadano se presenta con pruebas, los jueces están haciendo esfuerzos para revisar los expedientes. El problema es que muchos ni siquiera encuentran sus archivos judiciales, lo que obliga a reconstruir todo el proceso desde cero”.
Además, mencionó que la Fiscalía está colaborando con el traslado de personas desde el interior del país hasta los tribunales o la Defensoría Pública, ya que muchas víctimas no cuentan con los medios económicos para gestionar su defensa.
Dolor, burocracia e impunidad
El relato de las víctimas no es solo económico. “Hay personas que han perdido la salud, su estabilidad emocional, sus hogares. Y algunos casos, como ya fue denunciado ante el Senado, han terminado en suicidios. Esto no puede seguir ocurriendo”, advirtió la fiscal Bobadilla.
Al preguntársele si los procesos fraudulentos pueden frenarse de inmediato, la respuesta fue clara: “Todo debe hacerse dentro del marco legal. No podemos cometer otra ilegalidad para corregir una injusticia. Pero sí hay intención institucional de actuar y proteger a las víctimas”.
