El fiscal Christian Benítez afirmó que, tras casi dos meses de juicio oral, el Ministerio Público considera acreditado que Hernán Rivas utilizó un título y un certificado de estudios de la carrera de Derecho con contenido falso. La Fiscalía solicitó 12 años de prisión y pidió además investigar a seis testigos por presunto testimonio falso. La defensa presentará sus alegatos finales este jueves, antes de que el Tribunal pase a deliberar.
La Fiscalía, representada por los fiscales Patricia Sánchez (titular del caso), Christian Benítez y Luz Guerrero, solicitó una condena de 12 años de prisión para el exsenador Hernán Rivas en el juicio oral y público por la presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso de su título de abogado de la Universidad Sudamericana.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, el fiscal Christian Benítez, integrante del equipo acusador, sostuvo que después de aproximadamente 50 días de juicio la tesis del Ministerio Público quedó respaldada por las pruebas producidas.
“El Ministerio Público sostiene y ha sostenido a lo largo del juicio que Hernán Rivas utilizó un título con contenido falso y también un certificado de estudios con contenido falso”.
El proceso continúa este jueves 24 de septiembre, desde las 09:30 h, con los alegatos finales de la defensa. Luego el Tribunal de Sentencia deberá deliberar sobre el caso.
Fiscalía señala ausencia de registros académicos
Benítez sostuvo que durante el juicio no se encontraron exámenes, actas de calificaciones, listas de clases, documentos de evaluación ni la tesis que permitan reconstruir una trayectoria académica de Rivas en la carrera de Derecho.
“No hay absolutamente nada, asuntos de nada, que acredite que él haya estudiado Derecho”.
Según el fiscal, la Universidad Sudamericana entregó el título y certificados de estudios, pero existen dos versiones diferentes del mismo certificado de estudios. Se identificaron incluso diferencias en las cargas horarias y hasta en el título de su trabajo para final de grado: una versión menciona reelección presidencial y otra, robo agravado.
Por ello la Fiscalía sostuvo en sus alegatos finales que la trayectoria consignada en esos documentos no encuentra correspondencia con una historia académica verificable.
Tres hechos forman parte de la acusación
La hipótesis fiscal comprende tres circunstancias:
La primera corresponde al juramento de Rivas como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM); la segunda, a su juramento y matriculación como abogado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y la tercera, a su posterior representación de la Cámara de Senadores y presidencia en el JEM.
La acusación parte de que la condición de abogado era un requisito constitucional para integrar esos órganos.
“Él no es abogado, esto se ha dicho oportunamente y se ha sostenido a lo largo de todo el contradictorio”.
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Fiscalía cuestiona a testigos presentados durante el juicio
Otro eje de la entrevista fue la declaración en juicio de los testigos que afirmaron haber conocido a Rivas como estudiante. El fiscal cuestionó la credibilidad de varios de esos testimonios y señaló que el Ministerio Público solicitó remitir antecedentes para investigar posibles declaraciones falsas.
“Los cuatro testigos que se presentaron a favor de Rivas, todos, ninguno de estos tiene un mínimo de credibilidad”.
Después precisó que se pidió investigar a seis testigos, de esos dos serían autoridades de la Universidad Sudamericana y una funcionaria del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Testimonio falso puede ser investigado en otra causa
Benítez explicó que, si el Tribunal hace lugar al pedido de remisión, corresponderá abrir otra investigación a cargo de fiscales distintos por testimonio falso que podrían tener una pena de hasta 10 años por tratarse de un crimen, no un delito.
Agregó que su equipo sostiene que existen indicios de que las declaraciones de varios testigos hayan sido falsas.
“Nosotros tenemos indicios de que sí; sin embargo, la comprobación efectiva de eso ya va a estar a cargo de otros agentes”.
¿Por qué la Fiscalía pide 12 años?
El fiscal explicó que el marco de pena analizado por el Ministerio Público va desde seis meses hasta 15 años. Pero la Fiscalía evaluó diez parámetros para la medición de la pena: ocho fueron considerados desfavorables para el acusado y dos favorables.
“Tomamos una postura proporcional y objetiva de 12 años”.
Entre los elementos considerados a favor mencionó la ausencia de antecedentes penales y que Rivas no tuvo previamente salidas alternativas al proceso. Así fundamentaron su pedido de 12 años en la reiteración del uso de los documentos cuestionados, la trascendencia institucional del caso y las funciones ejercidas por Rivas ante el JEM.
Fiscalía espera una condena, pero la decisión corresponde al Tribunal
Benítez afirmó que el equipo fiscal mantiene su pedido y considera que las pruebas producidas respaldan su acusación.
“El Ministerio Público considera que está sumamente fundado el pedido de pena (…) Estamos convencidos de nuestra postura y creemos que efectivamente va a haber una condena el día jueves”.
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