Dante Leguizamón valoró el acto público ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero advirtió que todavía deben cumplirse medidas relacionadas con la protección de periodistas, el esclarecimiento de los crímenes y la lucha contra la impunidad.
El día de ayer en la sede del Poder Judicial, el Estado paraguayo realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por no haber protegido al periodista Santiago Leguizamón ni garantizado una investigación eficaz que permitiera identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de su asesinato.
Leguizamón fue asesinado el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero. El reconocimiento estatal forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sentencia fue emitida en diciembre de 2022.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, Dante Leguizamón, hijo del periodista y representante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), valoró el acto realizado por las autoridades, aunque señaló que el cumplimiento de la sentencia todavía no está completo.
La sentencia contempla reparación, no repetición y lucha contra la impunidad
Leguizamón explicó que la resolución de la Corte Interamericana contempla tres grupos principales de disposiciones: medidas de reparación integral, medidas de no repetición y medidas contra la impunidad. Entre las medidas de reparación mencionó el acto público, el pago de indemnizaciones y la financiación del Premio Santiago Leguizamón, que deberá reconocer investigaciones periodísticas relacionadas con los derechos humanos, la corrupción y el narcotráfico.
“Sirve para sostener la memoria de Santiago y también impulsar el periodismo de investigación”.
Familia reclama políticas efectivas de protección
Las medidas de no repetición ordenadas por la Corte IDH incluyen la implementación de políticas públicas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Señaló que organizaciones de la sociedad civil, gremios periodísticos e instituciones públicas participaron en la elaboración de un proyecto de ley de protección. Sin embargo, afirmó que esa propuesta no avanzó y que el oficialismo presentó posteriormente un proyecto alternativo.
“Ese es uno de los reclamos importantes que estamos haciendo, porque nosotros consideramos que la nueva ley presentada por el oficialismo no cumple con los estándares de derechos humanos”.
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Un grupo de trabajo para esclarecer los asesinatos
Otra de las medidas centrales de la sentencia es la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar y profundizar las investigaciones sobre el asesinato de Santiago Leguizamón y de otros trabajadores de prensa asesinados en Paraguay.
Según detalló, las medidas de protección pueden incluir el resguardo de documentos, seguridad personal, traslados temporales, acompañamiento policial o redes comunitarias de apoyo, dependiendo del nivel de riesgo enfrentado por cada periodista.
“El cumplimiento pleno todavía está pendiente”
Aunque manifestó satisfacción por el reconocimiento público realizado por el Estado, Leguizamón insistió en que todavía deben ejecutarse otras disposiciones de la sentencia.
“Para nosotros como familia realmente el acto lo recibimos con mucha satisfacción. El acto nos parece muy importante, con presencia de representantes del Estado, pero sí creemos que hay que avanzar en el cumplimiento pleno de la sentencia”.
Una búsqueda de justicia que supera a la familia
Al referirse a los 35 años transcurridos desde el asesinato, Leguizamón reconoció la dificultad de hablar de justicia después de un periodo tan prolongado.
“Esa palabra, justicia, 35 años después, es muy difícil construirla o imaginarla. Sin embargo, en este camino nosotros logramos resignificar la muerte de Santiago y entender que todo lo que ha ocurrido ha trascendido lo que nosotros como familia podemos exigir”.
Afirmó que la búsqueda de justicia adquiere sentido si se traduce en políticas que protejan a otros periodistas y reduzcan el riesgo de que nuevos crímenes permanezcan impunes.
“Si se traduce en políticas de protección de periodistas y en la lucha contra la impunidad en todos los casos, ese es el camino que tiene que seguir esa búsqueda de justicia”.
Proteger a periodistas también protege a la ciudadanía
Leguizamón subrayó que la protección de los trabajadores de prensa no debe entenderse solamente como una garantía profesional. Afirmó que el principal beneficiario de un periodismo independiente es el conjunto de la ciudadanía.
“Cuando hablamos de proteger a un periodista, en realidad estamos hablando de proteger a una sociedad para tener la mejor información, información veraz y ecuánime, para que la sociedad tome las decisiones que quiere o conozca lo que pasa en su país”.
Codehupy considera insuficiente el mecanismo actual
Como representante de Codehupy, Leguizamón evaluó que el sistema vigente de protección no cuenta con suficiente capacidad institucional ni fuerza política para responder de manera rápida a las amenazas, es por ello que se impulsó el proyecto de ley en un inicio. Advirtió que algunas medidas pueden tardar meses en concretarse, cuando el periodo de mayor riesgo suele producirse inmediatamente después de una amenaza.
“Hay algunas veces que una medida de seguridad puede tardar tres meses en concretarse y sabemos que el momento clave en que un periodista necesita protección son justamente esos tres meses en los cuales no tiene protección”.
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