En cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado pidió disculpas públicas por las violaciones de derechos humanos derivadas del asesinato del periodista Santiago Leguizamón. Durante el acto, familia y organizaciones periodísticas reclamaron que el reconocimiento se traduzca en medidas concretas contra la impunidad y en mayor protección para quienes ejercen el periodismo.
El día de ayer el estado paraguayo reconoció públicamente su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso del asesinato del periodista Santiago Leguizamón y pidió disculpas a su familia, en cumplimiento de la sentencia dictada por el tribunal internacional.
El acto reunió a representantes estatales, organismos internacionales, organizaciones de periodistas y de derechos humanos, además de familiares del comunicador asesinado el 26 de abril de 1991 mientras investigaba temas vinculados al narcotráfico, el contrabando, la corrupción y el crimen organizado en la frontera con Brasil.
El Estado reconoce las violaciones declaradas por la Corte IDH
En representación del Estado paraguayo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, reconoció las conclusiones del fallo internacional y formuló un pedido público de disculpas.
“Comparezco, por ende, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos […] para expresar públicamente el reconocimiento de la responsabilidad internacional del mismo por las violaciones de derechos humanos declaradas en dicho fallo.”
Posteriormente añadió: “Pido en nombre del Estado paraguayo las disculpas públicas correspondientes.”
Martínez Simón sostuvo que aceptar la responsabilidad internacional constituye un ejercicio de fortalecimiento institucional y no un debilitamiento del Estado.
“El reconocimiento de una responsabilidad internacional no constituye un acto de debilitamiento institucional… Las democracias sólidas no son aquellas que afirman no haber cometido errores. Son aquellas que poseen la fortaleza necesaria para examinarlos, reconocerlos y adoptar medidas para que no vuelvan a repetirse.”
Un crimen que trascendió a la familia
Durante su intervención, el titular de la Corte Suprema recordó que el asesinato de Santiago Leguizamón no solo afectó a su familia, sino que también constituyó un ataque contra principios esenciales de una sociedad democrática.
“Su asesinato, ocurrido el 26 de abril de 1991, no solo truncó una vida dedicada al servicio de la sociedad, también constituyó un ataque contra valores esenciales de toda democracia. La libertad de prensa, el acceso a la información y el debate público libre.”
Añadió que la memoria del periodista representa la necesidad permanente de proteger a quienes ejercen la profesión con independencia y combatir la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos.
Reclaman que el acto no quede en una formalidad
El secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, sostuvo que el reconocimiento estatal debe convertirse en un punto de inflexión para la protección de la libertad de expresión.
“Este acto que hoy se realiza por mandato de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede convertirse en un simple cumplimiento formal.”
Ortiz recordó que la familia esperó 35 años para llegar a este momento y afirmó que la falta de justicia permitió consolidar un escenario de impunidad.
“La inacción y la negligencia, y en muchos casos, la complicidad de sectores de poder con los responsables del crimen de Santiago, consolidaron una impunidad que no solo negó justicia a su familia, sino que envió un mensaje peligroso a toda la sociedad: Matar a un periodista podía quedar impune.»
El dirigente señaló además que, desde el asesinato de Leguizamón, otros 21 trabajadores de prensa fueron asesinados en Paraguay, situación que afecta el derecho de la sociedad a estar informada.
Exigen protección para periodistas y cumplimiento integral de la sentencia
Entre los principales reclamos planteados durante la ceremonia figuraron la aprobación de una Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, la implementación de políticas públicas para prevenir la violencia contra comunicadores y el esclarecimiento de los casos que permanecen impunes.
“Exigimos justicia, exigimos el fin de la impunidad, exigimos políticas públicas que garanticen la no repetición de estos crímenes de silenciamiento.”
También pidió respaldo para quienes continúan ejerciendo el periodismo en zonas identificadas por organismos internacionales como territorios de alto riesgo para la libertad de prensa.
La familia pide transformar la memoria en políticas públicas
En representación de la familia, Dante Leguizamón Morra valoró el reconocimiento formulado por el Estado, aunque sostuvo que el verdadero cumplimiento de la sentencia dependerá de la adopción de medidas concretas.
“Después de mucho trabajo y un doloroso trayecto hacia la búsqueda de justicia, recibimos con satisfacción las palabras del Estado paraguayo.”
El hijo del periodista afirmó que el impacto del asesinato debe traducirse en acciones institucionales orientadas a prevenir nuevos ataques contra trabajadores de prensa. Asimismo, reclamó la creación del grupo de trabajo previsto en la sentencia para investigar el asesinato de Santiago Leguizamón y los demás crímenes contra periodistas ocurridos desde 1991.
“La memoria no puede ser solamente un ejercicio de evocación. Debe convertirse en una herramienta para transformar la realidad.”
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