El senador Rafael Filizzola lanzó una severa crítica contra las iniciativas legislativas que, según su análisis, representan un claro retroceso en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, destacando en particular el debate sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales.
El legislador señaló que el día de hoy se presenta como una jornada en la que «se pretende darle dos golpes a la transparencia», refiriéndose a la Ley de Protección de Datos y otra iniciativa que permitiría el voto secreto de los ministros de la Corte Suprema de Justicia para la elección de su mesa directiva y superintendentes.
Respecto a la ley de datos, Filizzola fue contundente: «Hay un texto de diputados y un texto de senadores… en términos teóricos el texto de senadores es menos lesivo a la transparencia, pero ambos textos son malos.» Afirmó que, en cualquiera de los casos, la ley significará un retroceso y es lamentable. En consecuencia, la Bancada Democrática ha decidido votar en contra de la propuesta.
El Senador contextualizó la ley de datos dentro de un panorama más amplio, señalando una «agenda» sistemática del gobierno para reducir los controles:
- Supresión de la Secretaría Anticorrupción.
- Derogación de la Ley de Puerta Giratoria.
- Cercenamiento de las competencias de la Contraloría General de la República (CGR), permitiendo a administradores eludir sus controles al llevar sus papeles al Tribunal de Cuentas, y posteriormente colocando a la CGR bajo dependencia del Poder Ejecutivo, «algo que va notoriamente contra la Constitución».
- Sitios web menos amigables y con menor información (ej. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas).
Filizzola hizo especial énfasis en las consecuencias de eliminar la ley de puertas giratorias, que consideró un riesgo que va más allá de lo ético, afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos. «Yo salgo del Estado, después me voy a Banco Basa por información privilegiada, después de Banco Basa vuelvo otra vez al Estado… al Banco Central, al Ministerio de Economía, dónde otra vez manejo información privilegiada…»
Citó el caso de Banco Ueno, empresa vinculada al Presidente de la República, que está haciendo negocios con el Estado y con dinero de jubilados y aportantes. El legislador denunció la flexibilización de los criterios de la reglamentación del IPS (solvencia, liquidez y rentabilidad) para que un banco nuevo como Ueno pudiera calificar para recibir esos recursos, a pesar de no reunir el patrimonio suficiente.
«Así de grave es cuando hablamos de puertas giratorias,» advirtió, recordando la crisis financiera de los 90, donde los negocios fallidos de banqueros obligaron al Estado a indemnizar a ahorristas. «¿De dónde va a sacar el Estado ese dinero?», cuestionó sobre el riesgo que asume el país con el dinero del sistema previsional, el cual asciende a «centenares de millones de dólares».
El segundo «golpe» a la transparencia mencionado por Filizzola es la ley que busca permitir el voto secreto a los ministros de la Corte Suprema para elegir su mesa directiva y superintendentes de circunscripciones. La ley actual establece que la elección debe ser pública. El Senador recordó que la transparencia debe primar por definición en una República (del latín res publica, «cosa pública») y que la opacidad es siempre la excepción.
