Ronald Zayas, director de la Marina Mercante, sostuvo que la discusión sobre el futuro de la institución no pasa por crear otra institución, sino por definir con precisión sus atribuciones, eliminar superposiciones legales y fortalecer su autonomía para regular, fiscalizar y representar al Poder Ejecutivo en materia fluvial.
El director de la Marina Mercante, Ronald Zayas, afirmó que el principal desafío institucional del organismo es avanzar hacia una mayor autonomía operativa, con competencias claramente delimitadas dentro de la estructura del Estado.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, Zayas explicó que la intención del Poder Ejecutivo, presidido por Santiago Peña, de fortalecer institucionalmente a la Marina Mercante responde a la importancia que tiene la navegación fluvial para el Paraguay, un país mediterráneo cuya conexión comercial con el exterior depende en gran medida de sus ríos.
“Lo que hay que darle es independencia y autonomía operativa, que es lo que el presidente de la República busca, para que tenga mayor flexibilidad”.
Regulación, fiscalización y representación del Poder Ejecutivo
El director sostuvo que la Marina Mercante ya posee una jerarquía institucional relevante y que el debate no debería reducirse a modificar su denominación o crear un nuevo ente.
La institución tiene atribuciones vinculadas con la regulación, dirección y fiscalización de la actividad de la Marina Mercante Nacional, además de funciones relacionadas con la industria naval y la representación del Poder Ejecutivo ante organismos internacionales.
“Es el ente encargado por ley de representar al Poder Ejecutivo en negociaciones ante organismos internacionales”.
El director defendió que la institución mantenga capacidad para intervenir en todo lo relacionado con la actividad fluvial y con las instalaciones ubicadas dentro de la franja de dominio del río.
Superposición de leyes y competencias
Uno de los puntos centrales planteados por Zayas fue la existencia de normas de distintas épocas que generan superposición de competencias entre instituciones. Mencionó legislaciones de 1927 y sostuvo que varias atribuciones que históricamente correspondían a otras dependencias fueron modificándose con la creación de nuevas estructuras y marcos legales.
“Entonces, por eso hay cierta superposición de competencia. Y eso es lo que de alguna manera el presidente quiere que se aclare”.
Para Zayas, la prioridad debería ser definir con precisión qué institución regula, cuál fiscaliza y cuál ejerce funciones de seguridad sobre la navegación.
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Prefectura, ANNP y Marina Mercante: “aclarar quién es quién”
El director marcó una diferencia entre las funciones de la Marina Mercante, la Prefectura General Naval y la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
Según su explicación, la Prefectura Naval tiene como responsabilidad principal la seguridad y el control de la navegación, mientras que la Marina concentra potestades regulatorias, administrativas y de dirección sobre la actividad mercante.
“Una vez por todas, tenemos que sentarnos a una mesa y aclarar quién es quién”.
Añadió que la Prefectura Naval “es la responsable de la seguridad de la navegación” y sostuvo que no debería confundirse esa función con las competencias regulatorias de la Marina.
Una institución estratégica para la política fluvial paraguaya
Zayas vinculó el fortalecimiento institucional con la necesidad de que Paraguay tenga mayor capacidad para defender sus intereses dentro de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Recordó que la navegación regional se desarrolla bajo acuerdos entre cinco países –Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay– y que temas como la habilitación de prácticos, los canales de navegación, los peajes y las condiciones de circulación requieren negociación internacional. En ese contexto, sostuvo que la Marina Mercante necesita capacidad suficiente para actuar como órgano técnico y político del Estado en esas discusiones.
“Entonces la excepción es crear un ente más, y no es cuestión de decir que va a tener una para darle mayor jerarquización, ya tiene la jerarquía que tiene.”
Para el director, la reforma debería apuntar menos a crear nuevas estructuras y más a ordenar competencias, otorgar autonomía operativa y evitar duplicaciones institucionales.
El principio de “el que usa paga”
Zayas también planteó que el mantenimiento de los canales de navegación deberá evolucionar hacia mecanismos de financiamiento distintos a la dependencia exclusiva del Estado.
“Tenemos que saber que el que usa paga”.
El director mencionó la posibilidad de recurrir a esquemas público-privados u otras figuras para financiar obras y servicios vinculados con la navegabilidad.
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