Desde la Unión de Ingenieros de la ANDE advierten que nuevas disposiciones podrían comprometer la disponibilidad de energía y derivar en aumentos tarifarios para usuarios residenciales en los próximos años.
Durante una entrevista con Central Radio 1140 AM, el ingeniero Juan José Pérez Portillo, vocero de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), manifestó la preocupación del gremio ante la promulgación de los decretos N.º 5860 y 5861, que regulan el suministro energético para industrias electrointensivas, como data centers (centros de datos) y proyectos vinculados a inteligencia artificial.
“Desde el gremio lanzamos un comunicado donde aclaramos nuestra disconformidad, preocupación y protesta”, señaló Pérez, al referirse a lo que consideran una falta de claridad en la información y una posible afectación al sistema energético nacional.
Energía finita pero con contratos a largo plazo
En relación con el decreto 5860, explicó que establece condiciones para grandes consumidores de energía, fijando contratos de hasta 15 años sin limitar la potencia a contratar y con tarifas iguales a las aplicadas actualmente a las criptominerías vigentes.
Relacionado con lo anterior, el ingeniero advirtió que este esquema podría comprometer la disponibilidad de energía en el futuro. Debido a que las tarifas de 15 años son para un grupo que tiene en cuenta la energía hidroeléctrica disponible en el país.
“Esa energía disponible es finita”, afirmó, señalando que hacia el año 2030 o 2031 Paraguay podría estar utilizando la totalidad de su capacidad hidroeléctrica.
En ese escenario, sostuvo que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se vería obligada a recurrir a nuevas fuentes de generación, de lo cual estamos muy lejos según Pérez.
También, existen alternativas más cercanas, como la importación de energía, principalmente desde el mercado brasileño, pero con el riesgo de que los precios fijados en el mercado extranjero, aún no permiten visualizar el costo a pagar.
“No tenemos ninguna garantía de a cuánto vamos a comprar la energía, de aquí a 5-6 años”, enfatizó, remarcando que estos costos podrían ser significativamente más elevados que los actuales.
Mucho riesgo y poca seguridad
Reiteró que, aunque los decretos están dirigidos a sectores específicos, sus efectos podrían trasladarse al conjunto de usuarios.
“Si tenemos que importar energía o generar con nuevas fuentes, esa energía va a ser más cara”, explicó, advirtiendo que esto podría derivar en un eventual incremento en las tarifas eléctricas para la población.
Además, indicó que la falta de previsión en la planificación energética es uno de los principales puntos de preocupación dentro del gremio, especialmente considerando la duración de los contratos establecidos.
Por otro lado, Pérez señaló que el decreto 5861 genera aún mayor inquietud dentro del sector técnico. Esto debido a que el decreto está orientado a empresas de hidrógeno, además de que fija una tarifa 33% más barata que la del decreto 5860 para otras industrias (por ejemplo, centros de datos) y carece de mecanismos de ajuste basados en indicadores técnicos, agravando el problema.
Esta diferencia constituye, en la práctica, que se acelerará el consumo de energía de las hidroeléctricas, y además, el desajuste producido entre el precio fijo de compra-venta será un subsidio que alguien deberá pagar.
Ahí surge otra duda: ¿Quién va a cubrir ese costo adicional a largo plazo?. “Todas esas incertidumbres no está contemplado en estos decretos”, comentó Pérez.
Finalmente, el representante de la UIA, recordó que el gremio alberga la mayor cantidad de ingenieros especialistas del Paraguay. “La ANDE tiene en su plantel a los mejores ingenieros del país”, afirmó Pérez.
Destacó que desde la organización insisten constantemente en la necesidad de “Mantener la calidad del servicio y la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional”, concluyó Pérez.
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