El abogado en Derechos Humanos Orlando Castillo sostuvo que la elevada cantidad de personas privadas de libertad sin condena expone problemas estructurales del sistema penitenciario paraguayo. Advirtió sobre carencias básicas, el uso extendido de la prisión preventiva y el riesgo de que personas vulnerables sean captadas por estructuras criminales dentro de las cárceles.
El abogado en Derechos Humanos Orlando Castillo cuestionó las condiciones del sistema penitenciario paraguayo y advirtió que mantener encarceladas a miles de personas sin condena firme puede profundizar situaciones de vulnerabilidad y favorecer su acercamiento al crimen organizado.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, Castillo tomó el caso del exgobernador condenado Hugo Javier González como punto de partida para analizar problemas que exceden ampliamente una situación particular.
“El caso de Hugo Javier es el reflejo de un sistema penitenciario que se ha venido construyendo durante años”.
Los últimos datos disponibles del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) muestran que el 61,7% de la población penitenciaria adulta está procesada y el 38,3% tiene condena. El organismo vincula la elevada proporción de procesados con el uso extendido de la prisión preventiva.
“Todo tiene precio, pero lo único que no tiene valor es la vida”
Dentro de las penitenciarías derechos básicos como alimentación, alojamiento adecuado, asistencia médica o incluso condiciones para acudir a una audiencia pueden terminar dependiendo de recursos económicos y relaciones internas.
“Todo tiene precio, pero lo único que no tiene valor es la vida”.
Para mostrar hasta qué punto llegan esas carencias, relató que objetos como una botella de plástico pueden adquirir un valor propio dentro de una penitenciaría, representando el recipiente para recibir alimentos ante la falta de utensilios.
“Esa es la representación simbólica de las necesidades que hay en muchas penitenciarías”.
El MNP ha advertido de manera reiterada sobre problemas estructurales, entre ellos hacinamiento, vulnerabilidad de determinados grupos y dificultades para garantizar derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Más de seis de cada diez permanecen procesados sin condenas
Castillo cuestionó que la privación de libertad sea utilizada con frecuencia antes de existir una condena definitiva.
“Tener un 60% de personas que se encuentran hoy en carácter de prevenidos no es un problema del Ministerio de Justicia; es un problema que adquiere el Ministerio de Justicia debido a que hay jueces que están disponiendo la privación de libertad, no como última ratio, sino como primera ratio”.
El dato señalado durante la entrevista coincide aproximadamente con el reporte del MNP: 12.449 personas estaban procesadas sin condena frente a 7.724 condenadas.
Pone el foco en los juicios abreviados
El abogado sostuvo que la reducción porcentual de procesados no necesariamente implica que todos los casos hayan terminado mediante un juicio ordinario que determinó responsabilidad penal.
“Muchas personas han señalado que acceden al juicio abreviado por los costos que representa un juicio y porque le amenazan con 20 años de cárcel y aceptan cinco, porque saben que son la parte débil en un proceso”.
El propio MNP recogió en informes de 2025 referencias de personas privadas de libertad y defensores públicos sobre un incremento de juicios abreviados como uno de los factores que podría explicar el aumento de condenados en determinados establecimientos.
Delitos contra la propiedad concentran una parte importante de la población
Castillo citó datos del Anuario 2025 del MNP y puso el foco sobre hurto, hurto agravado, robo y robo agravado. Una parte de estos delitos, a su criterio, debe ser abordada también desde problemas asociados al consumo de drogas, exclusión social y salud mental, y no exclusivamente mediante encarcelamiento.
Planteó que podrían utilizarse medidas no privativas de libertad acompañadas por equipos técnicos de psicología, trabajo social, derecho y otras disciplinas.
“Le vas a quitar mano de obra al crimen organizado”
Uno de los planteamientos claves fue que el encarcelamiento de personas en extrema vulnerabilidad puede favorecer su incorporación a redes criminales. Cuando el Estado no garantiza adecuadamente necesidades elementales, organizaciones internas pueden cubrirlas a cambio de favores o subordinación.
“Lo que estamos haciendo es facilitar el reclutamiento de personas para el crimen organizado, encerrando a gente que deberíamos estar tratando en muchos casos”.
Paraguay inició separación entre procesados y condenados
Este año el Ministerio de Justicia reorganizó establecimientos para separar procesados de personas con sentencia firme. Tacumbú fue reconvertido en Centro Nacional de Prevenidos, mientras otros fueron destinados específicamente a condenados. Para Castillo, sin embargo, la infraestructura es solamente una dimensión del problema.
“Si queremos defender la sociedad debemos empezar a encerrar menos, porque allá están reclutando para el crimen organizado”.
Escuchá la entrevista completa:
Conéctate con lo que realmente importa
Accedé a contenido exclusivo, entrevistas clave y análisis que marcan la agenda en www.1140am.com.py.
Central Radio 1140 AM: información que te acompaña, contenido que te posiciona. ¡Experimentá una nueva AM!
