Víctor Samaniego, abogado y representante de una comisión vecinal de Atyrá, afirmó que el Tribunal de Cuentas levantó una medida cautelar vinculada al conflicto por la extracción de agua para un emprendimiento inmobiliario en el Acuífero Caacupé. Señaló que la disputa judicial continúa y que el proceso deberá concluir con una sentencia definitiva.
CORDILLERA. El acuífero Caacupé es considerado una de las principales reservas de agua para el departamento de Cordillera y parte de Paraguarí. Tras un intento del complejo inmobiliario Highlands Park and Lagoon de explotar un pozo profundo para abastecer a un complejo inmobiliario ubicado en Ypacaraí, el caso fue resuelto por un Tribunal de Cuentas que falló a favor de la comisión vecinal Defensa del Agua de Atyrá, dejando sin efecto la medida cautelar.
La comisión vecinal celebró la resolución judicial dentro del conflicto que mantiene desde hace aproximadamente dos años, sin embargo la controversia aún no está cerrada, expresó Víctor Samaniego en entrevista con Central Radio 1140 AM.
La disputa continuará hasta una sentencia definitiva
El abogado explicó que el proceso deberá avanzar hasta que exista una resolución definitiva del Tribunal de Cuentas y, eventualmente, de la Corte Suprema de Justicia.
“El proceso debe culminar con una sentencia definitiva (…) Mientras no exista esa sentencia definitiva, todo es todavía nebulosa en ese sentido”.
Comisión cuestiona perforación y permisos ambientales
Según el relato, el conflicto comenzó luego de que la comisión detectara una perforación profunda vinculada a un proyecto inmobiliario de la empresa Highlands Park and Lagoon, del grupo Petrohue Real Estate.
El representante vecinal sostuvo que accedieron a informes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y que, a partir de esa documentación, concluyeron que la perforación alcanzó el acuífero Caacupé. Según la documentación, la perforación habría sido realizada sin contar previamente con la licencia ambiental requerida.
Piden mayor protección legal para el acuífero
Más allá del conflicto, Samaniego sostuvo que el caso evidencia la necesidad de establecer una protección específica para las reservas de agua dulce de Cordillera.
“Es demasiado necesario, es urgente luego que se haga eso”.
El abogado señaló que el crecimiento de desarrollos inmobiliarios, casas quinta y otras intervenciones puede ejercer presión sobre humedales y reservas de agua de la zona.
“Lo que buscamos no es trancar nada, pero sí hay que hacer de forma adecuada”.
Samaniego insistió en que la protección de las fuentes de agua debe formar parte de cualquier planificación de nuevos emprendimientos en el departamento.
“Especialmente el agua va a afectar, porque eso va a ser muy dañino para el futuro de nuestros hijos y nietos”.
La comisión vecinal continuará siguiendo el proceso judicial mientras espera una sentencia definitiva que determine el alcance de las autorizaciones y restricciones aplicables al proyecto.
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