La senadora cuestionó el proyecto impulsado por el cartismo para sancionar las denuncias falsas y advirtió que podría convertirse en una herramienta de amedrentamiento contra opositores, periodistas y ciudadanos.
“Quieren que nadie se anime a denunciar”
Durante una entrevista emitida a través de Central Radio 1140 AM, la legisladora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, sostuvo que la propuesta promovida por el diputado Yamil Esgaib (ANR – HC) surge en medio de un contexto marcado por denuncias y cuestionamientos dirigidos al entorno del presidente Santiago Peña.
Según Martínez, el objetivo real de la iniciativa sería desalentar los reclamos ciudadanos y limitar la capacidad de cuestionar a las autoridades. «No hay sistema republicano si no se puede cuestionar la gestión del presidente de la República ni exigir rendición de cuentas», afirmó la legisladora.
Manejo de las investigaciones sobre Peña
La senadora también cuestionó la actuación de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público respecto a las denuncias vinculadas al patrimonio del mandatario.
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A su criterio, la Fiscalía debe realizar investigaciones independientes sobre el origen de los bienes y el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos, sin delegar esa responsabilidad a otros organismos.
Martínez anunció además la ampliación de un pedido formal para que el Ministerio Público profundice las investigaciones relacionadas con el patrimonio presidencial.
“La Fiscalía debe investigar el origen de los recursos”
La legisladora insistió en que el debate central debe enfocarse en la transparencia y en la trazabilidad de los bienes declarados por las autoridades.
Sostuvo que corresponde a los órganos de control determinar el origen de los ingresos, los mecanismos de financiamiento y la legalidad de las operaciones patrimoniales que generen dudas públicas.
La concentración de poder
Durante la entrevista, Martínez expresó preocupación por la acumulación de poder político dentro del oficialismo cartista y por la posibilidad de aprobar leyes que, según afirmó, podrían utilizarse de forma selectiva contra sectores críticos.
Aseguró que el temor a represalias podría afectar no solo a dirigentes políticos, sino también a periodistas, activistas sociales y ciudadanos que presenten denuncias ante organismos públicos.
Impacto sobre la libertad de expresión
La senadora advirtió que la eventual aprobación de una normativa de este tipo podría generar un efecto inhibidor sobre la participación ciudadana.
En ese sentido, sostuvo que la posibilidad de enfrentar procesos judiciales podría desalentar denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción o irregularidades administrativas. «Lo que buscan es generar miedo para que nadie se anime a cuestionar ni a investigar», expresó en declaraciones.
La transparencia y el control ciudadano en debate
Martínez concluyó señalando que Paraguay necesita fortalecer los mecanismos de control institucional, garantizar la independencia de los órganos de investigación y promover una gestión pública transparente.
Según afirmó, la discusión debe centrarse en la rendición de cuentas y en la capacidad de las instituciones para investigar cualquier denuncia, independientemente de quién sea la persona involucrada.
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