La senadora cuestionó el informe de la Contraloría sobre el patrimonio del presidente Santiago Peña, denunció irregularidades en la causa penal y advirtió que existe un esquema de impunidad que favorece a las autoridades del Estado.
Patrimonio de Peña
La senadora Yolanda Paredes (PCN) lanzó duras críticas contra la Contraloría General de la República y el Ministerio Público tras conocerse el informe que descarta irregularidades en la evolución patrimonial del presidente Santiago Peña.
Durante una entrevista en Central Radio 1140 AM, la legisladora de Cruzada Nacional sostuvo que la declaración jurada presentadas por el mandatario para justificar el incremento de su patrimonio no resultan creíbles y calificó el proceso como un intento de “blanqueo institucional”.
Según Paredes, resulta imposible aceptar que en una declaración jurada se hayan olvidado bienes de alto valor, acciones empresariales, bonos e inmuebles, elementos que consideró fundamentales dentro de cualquier evaluación patrimonial.
“Hay cosas que una persona puede olvidar, pero nadie puede olvidarse de declarar inmuebles, acciones o bonos. Estamos hablando de bienes importantes y de participación en empresas”, sostuvo.
Las dudas sobre la mansión de San Bernardino
Uno de los puntos más cuestionados por la senadora fue la explicación relacionada con la construcción de la residencia de Peña en San Bernardino. Paredes afirmó que existen inconsistencias entre los ingresos declarados por Peña y los compromisos financieros asumidos para la construcción de la vivienda.
La legisladora señaló que resulta llamativo que una persona con ingresos salariales conocidos haya podido afrontar cuotas millonarias durante el proceso de construcción.
“Acá no estamos hablando de diferencias menores. Estamos hablando de montos que cualquier ciudadano común tendría enormes dificultades para justificar”, afirmó.
La Contraloría, en el centro de los cuestionamientos
La senadora durante la entrevista fue crítica con el rol desempeñado por la Contraloría General de la República (CGR). Aseguró que durante el proceso de análisis patrimonial se permitió que el presidente realizara aclaraciones y modificaciones en declaraciones previamente presentadas, situación que considera incompatible con una auditoría rigurosa.
Para Paredes, el informe final terminó validando explicaciones que no responden a las principales dudas planteadas por la oposición. “Lo que estamos viendo es un intento de justificar situaciones que para cualquier ciudadano común serían imposibles de aceptar”, sostuvo en declaraciones.
La legisladora también cuestionó los vínculos entre empresas relacionadas con el entorno económico del mandatario y diversas decisiones gubernamentales, señalando que esos elementos deberían formar parte de una investigación más amplia.
La denuncia penal que permaneció sin fiscal
Uno de los aspectos más importantes fue el manejo de la denuncia presentada ante el Ministerio Público. Paredes recordó que legisladores opositores impulsaron meses atrás una denuncia para que se investigara la evolución patrimonial del jefe de Estado.
Sin embargo, aseguró que la causa permaneció durante meses sin la designación formal de un fiscal interviniente.
“Eso no existe en la práctica normal de la Fiscalía. Cuando una denuncia ingresa, debe asignarse inmediatamente a un fiscal mediante sorteo. No se puede esperar meses para decidir quién va a investigar”, afirmó al respecto.
“El dictamen de Contraloría no reemplaza a la Fiscalía”
La senadora insistió en que el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de realizar investigaciones propias e independientes.
Recordó que los informes de la Contraloría no son vinculantes y que ninguna institución puede sustituir las facultades de investigación penal de la Fiscalía.
A criterio de Paredes, existe el riesgo de que la causa termine cerrándose rápidamente utilizando como fundamento las conclusiones de la Contraloría. “La Fiscalía tiene que investigar por sí misma. No puede limitarse a copiar lo que diga otro organismo”, señaló cuestionando el procedimiento.
Impunidad institucional
La legisladora sostuvo que el caso refleja un problema más profundo relacionado con el funcionamiento de las instituciones públicas.
Según expresó, gran parte de la ciudadanía percibe que existe un trato desigual ante la ley cuando los investigados pertenecen a sectores con poder político o económico. Para Paredes, esa sensación de impunidad erosiona la confianza pública en organismos que deberían garantizar transparencia y rendición de cuentas.
“Cuando las instituciones dejan de investigar a quienes ejercen el poder, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador”, explicó Paredes.
El contraste con la realidad de los trabajadores
Durante la entrevista, la senadora también vinculó el debate patrimonial del presidente con la discusión actual sobre el salario mínimo y el costo de vida.
Recordó que mientras sindicatos y trabajadores reclaman aumentos para compensar la pérdida del poder adquisitivo, el Gobierno y sectores empresariales discuten incrementos mínimos que apenas impactan en los ingresos familiares.
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Paredes cuestionó que las autoridades debatan aumentos de pocos miles de guaraníes para los trabajadores mientras persisten dudas sobre patrimonios millonarios y operaciones financieras de altas autoridades.
“Se discuten aumentos mínimos para trabajadores que luchan por llegar a fin de mes, mientras aparecen patrimonios, acciones, bonos y propiedades que nadie logra explicar de forma convincente”, manifestó indignada la senadora.
Un caso que sigue generando debate
Las declaraciones de la senadora se suman a las críticas formuladas por distintos sectores de la oposición legislativa tras la publicación del informe de la Contraloría.
Mientras el organismo concluyó que no existen inconsistencias patrimoniales atribuibles al presidente Santiago Peña, senadores y diputados opositores sostienen que aún quedan numerosas preguntas sin respuesta.
El foco ahora se traslada al Ministerio Público, institución que deberá definir si impulsa o no una investigación de fondo sobre las denuncias presentadas.
Para Paredes, el desenlace del caso pondrá a prueba la independencia de los organismos de control y la capacidad del sistema judicial para actuar sin presiones políticas cuando las sospechas alcanzan a las más altas autoridades del país. Una tarea que parece ser más dificil de lo que realmente es.
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