Lucía Sandoval estuvo 3 años privada de libertad y fue absuelta por prisión injusta. Ahora sostiene que el reconocimiento judicial es más importante que la indemnización, aunque cuestiona el monto fijado en primera instancia.
ASUNCIÓN. Lucía Sandoval, quien estuvo privada de libertad durante tres años, seis meses y algunos días antes de ser declarada inocente, explicó que la sentencia que ordena una indemnización de G. 616 millones aún no está firme debido a que tanto la Procuraduría General de la República como su representación legal presentaron recursos de apelación.
Una causa marcada por errores institucionales
Sandoval recordó que el caso se originó en un contexto de violencia familiar, donde había solicitado medidas de protección ante las autoridades.
Según relató, las medidas fueron concedidas, pero se cometieron errores en su ejecución. “Me otorgaron las medidas, es verdad, pero la cédula de notificación para la exclusión de hogar me entregaron a mí en propias manos para que yo misma notifique a la persona a quien estaba excluyendo”, explicó la denunciante.
A partir de ese hecho se inició una investigación penal que derivó en su procesamiento y posterior privación de libertad.
Absolución ratificada por la Justicia
La entrevistada explicó que durante la investigación surgieron pruebas que contradijeron la hipótesis inicial del Ministerio Público.
“Después hubo una investigación de seis meses por el Ministerio Público que allí aparecieron las pruebas que desvirtuaban la posición del Ministerio Público”, afirmó.
Posteriormente fue absuelta por un Tribunal de Sentencia en 2014. Esa decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y, finalmente, ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
Según Sandoval, el proceso judicial tuvo un profundo impacto personal y familiar. “De la noche a la mañana es como cambiar tu vida radicalmente, arrancarte de tu casa, de tus hijos, de tu familia”, expresó sobre la compleja situación que vivió.
La demanda contra el Estado
Tras la confirmación de su absolución, Sandoval promovió una acción de reparación contra el Estado paraguayo.
La demanda fue presentada en 2019, pocos días antes de que prescribiera la posibilidad legal de reclamar una indemnización.
La sentencia de primera instancia reconoció una compensación de G. 616 millones, aunque el monto es considerablemente menor al solicitado inicialmente por la demandante.
Por esa razón, su defensa decidió apelar. “Los rubros que salen allí fueron probados porque yo antes del hecho estaba trabajando en el comercio, estaba percibiendo una cantidad de dinero mensual que no se hubiese truncado si no fuera por esta cuestión de la privación”, sostuvo al respecto.
Más allá del dinero
Sandoval señaló que la discusión no se limita al aspecto económico y que el principal valor de la sentencia radica en el reconocimiento de que existió un perjuicio. “Para mí lo principal es el reconocimiento”, afirmó.
Agregó que nunca consideró el proceso como una oportunidad de obtener beneficios económicos. “No era con esto buscar lucrar ni buscar un dinero”, manifestó.
Sin embargo, sostuvo que resulta complejo establecer una compensación adecuada frente a las consecuencias personales y familiares que generó la privación de libertad. “Es como ponerle un precio a un hecho, a un sufrimiento de tantos años y de tanta gente”, reflexionó.
El caso sigue en curso
Mientras continúan las apelaciones presentadas por ambas partes, el caso sigue su curso en instancias superiores. La resolución definitiva deberá determinar tanto la responsabilidad patrimonial del Estado como el eventual monto de una indemnización por los años que Lucía Sandoval de manera injusta pasó privada de libertad previo a ser declarada inocente.
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