Las denuncias sobre la «mafia de los pagarés» siguen aumentando. Además de descuentos compulsivos sobre salarios, víctimas advierten que el esquema derivó en la pérdida de viviendas, tierras y pequeños negocios, afectando incluso a campesinos.
Así lo afirmó Pedro Coronel, miembro de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, durante una entrevista concedida a Central Radio 1140 AM.
Nuevos casos involucran viviendas, tierras y pequeños productores
Coronel explicó que, mientras la organización logra algunos avances en la asistencia individual a las víctimas pero sostiene que la estructura que denuncia continúa operando.
«Creemos nosotros que avanzamos organizativamente y con algunas soluciones individuales, no así en el avance contra la mafia en sí, que todavía sigue vigente, sigue fuerte, y está enraizado en el poder, prácticamente, en los tres poderes del Estado”, explicó.
Según indicó, en los últimos meses identificaron nuevos casos de personas que perdieron sus propiedades mediante procesos judiciales que consideran irregulares.
«Descubrimos que hay personas quienes perdieron sus tierras, sus casitas, algunos perdieron sus negocios a causa de este esquema; son campesinos, pequeños productores y también personas de la ciudad”, expresó al respecto.
Agregó que algunos afectados incluso conocieron la existencia del proceso recién cuando la propiedad ya estaba siendo rematada, en algunos casos con orden de desalojo incluso.
Descuentos y embargos continúan
El dirigente aseguró que la mayoría de las víctimas sigue sufriendo descuentos judiciales pese a las denuncias públicas y a las investigaciones abiertas.
Además, indicó que apenas un porcentaje mínimo logró resolver completamente su situación y detalló: «0,8% es el último dato que nosotros tenemos de las personas quienes han solucionado en su totalidad su situación.»
Añadió que muchos afectados mantienen numerosos embargos simultáneos: “Algunas personas tienen 12 embargos, 15 embargos.” Asimismo, sostuvo que parte de los documentos utilizados en los procesos judiciales corresponden a préstamos contraídos hace más de una década y que, según víctimas, ya habían sido cancelados.
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Número de víctimas registradas
La Coordinadora estima que el número de afectados supera las 17.000 personas y sigue sumando.
Según Coronel, cada víctima soporta en promedio una docena de embargos, mientras algunas registran hasta 29 procesos de ejecución simultáneos.
Reclaman respuestas institucionales
Durante la entrevista, Coronel reiteró el pedido de juicio político contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que no se ha dado una respuesta acorde a la magnitud del caso.
«Reiteramos, insistimos, que haya un juicio político a los ministros, porque para nosotros, ellos son los principales responsables de esta continuidad», reclamó el entrevistado.
Movilizaciones nacionales e internacionales
La Coordinadora convocó para el lunes 13 de julio una manifestación frente al Palacio de Justicia, donde solicitará la suspensión colectiva de embargos sobre las víctimas identificadas.
Asimismo, Coronel informó que buscarán presentar el caso ante organismos internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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