Desde la organización OPAMA señalan que, pese a los anuncios del Gobierno, el cambio dependerá de la capacidad real de implementar controles y garantizar calidad en el servicio.
El anuncio de una nueva reforma del transporte público en Paraguay vuelve a instalar expectativas en un sistema que arrastra años de cuestionamientos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, prevé la incorporación de hasta 1.000 nuevos buses, la modernización del sistema de pagos y un rediseño integral del modelo operativo.
Sin embargo, desde la sociedad civil advierten que el problema no radica en la falta de propuestas, sino en la histórica dificultad para ejecutarlas.
“Hace tanto tiempo que estamos esperando un verdadero cambio en el transporte público. Hasta hoy esta reforma quedó principalmente en papel”, afirmó Mauricio Maluff, representante de la organización Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA), durante una entrevista en Central Radio 1140 AM, en conversación con el periodista Diego Florentín.
El nuevo esquema, que comenzaría a implementarse a partir del mes de junio mediante un proceso licitatorio, busca transformar el sistema actual mediante contratos más exigentes para las empresas operadoras y nuevas formas de pago, como QR y tarjetas bancarias. El objetivo oficial es mejorar la calidad del servicio y ampliar la cobertura para los usuarios.
No obstante, Maluff subrayó que el éxito dependerá de las condiciones concretas que se establezcan en esos contratos. “Lo que más debemos observar son las exigencias que se van a imponer a las empresas. Eso es lo que define si el sistema va a funcionar o no”, explicó.
Uno de los puntos críticos señalados es la falta de control efectivo por parte del Estado. Actualmente, según describió, el sistema presenta limitaciones incluso para verificar si las empresas cumplen con la frecuencia de sus servicios.
“Si una empresa decide sacar la mitad de sus colectivos hoy, el Estado prácticamente no tiene capacidad de reaccionar de manera inmediata”, sostuvo. Y agregó: “Es un sistema absolutamente deficiente en términos de control”.
El debate también alcanza al modelo en sí. Mientras algunos sectores sostienen que el esquema actual está agotado, desde OPAMA consideran que no existe un único sistema ideal, sino distintas alternativas que han funcionado en otras ciudades.
“Sistemas hay muchos que funcionan bien. El problema en Paraguay es que nunca hubo la voluntad política de implementar correctamente ninguno”, afirmó Maluff.
En ese sentido, recordó intentos fallidos de reforma en el pasado, como el proyecto del Metrobús, y advirtió que los cambios estructurales requieren no solo diseño técnico, sino también capacidad institucional y sostenibilidad financiera.
Precisamente, el financiamiento es otro de los aspectos que genera incertidumbre. La incorporación de 1.000 buses implica una inversión significativa, sobre la cual aún no existen detalles claros.
“Nunca se explicó de dónde va a salir la financiación para esa inversión. Es una pregunta clave que sigue sin respuesta”, cuestionó.
A esto se suma la posible resistencia del sector empresarial, que podría verse afectado por las nuevas reglas del sistema. Según el referente, no se descartan conflictos, presiones o incluso acciones judiciales durante el proceso de implementación.
Pese a este panorama, desde OPAMA mantienen una postura cautelosa. “Es un plan que podría funcionar, pero la diferencia entre la intención y el resultado suele ser muy grande en Paraguay”, indicó.
El contexto político también aparece como un factor determinante. La reforma se proyecta hacia el mediano plazo, con metas que coinciden con el calendario electoral, lo que podría influir en su impulso o continuidad.
Finalmente, Maluff insistió en que el eje de la discusión debe centrarse en el usuario. “El derecho al transporte es fundamental. No puede seguir subordinado a intereses empresariales. La prioridad tiene que ser que la gente pueda moverse de manera digna y eficiente”, concluyó.
La reforma del transporte público, una de las principales deudas estructurales del país, vuelve así a un punto de inflexión: entre la expectativa de cambio y las dudas sobre su concreción.
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