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Judiciales

Fiscalía ordena investigación sobre datos extraídos del celular de Lalo Gómez

| 3 de febrero de 2025

El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal y designó un equipo de trabajo para investigar la denuncia sobre la extracción de datos del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gómes. La decisión fue formalizada mediante la Resolución FGE N° 304, de fecha 3 de febrero de 2025, en la que se argumenta que la naturaleza de los hechos denunciados amerita la intervención del Ministerio Público.

La medida responde a la denuncia presentada por el juez especializado en crimen Organizado, Osmar Legal quien remitió a la Fiscalía General del Estado un informe detallando el contenido extraído del celular del legislador fallecido. En el documento, el magistrado señaló la existencia de indicios de corrupción pública, revelando presuntas conversaciones a través de la aplicación WhatsApp entre el diputado, el diputado Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, y la jueza Sadi López

El equipo de fiscales designado para llevar adelante la investigación está conformado por los agentes Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Néstor Coronel, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Soledad Machuca. Según el Ministerio Público, este grupo de trabajo tendrá la responsabilidad de reunir los elementos de convicción necesarios para esclarecer el caso y determinar si los hechos denunciados configuran delitos punibles.

 Un caso con implicancias políticas y judiciales

La denuncia sobre la extracción de datos del celular de Gómes generó un gran impacto en el ámbito político y judicial del país. De confirmarse la veracidad de los indicios de corrupción mencionados en el informe del juez Legal, el caso podría derivar en acciones legales contra figuras de alto perfil dentro del sistema de justicia y del poder legislativo.

El Ministerio Público enfatizó que, como órgano encargado de dirigir la acción penal pública, impulsará la investigación con total independencia y objetividad. Además, garantizó que se arbitrará todos los medios necesarios para esclarecer los hechos y, de ser necesario, formular las acusaciones correspondientes.

Reacciones y expectativas

La apertura de la causa generó diversas reacciones en los círculos políticos y jurídicos. Mientras algunos sectores exigen máxima transparencia en la investigación , mientras otros advierten sobre la necesidad de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.

En un contexto de creciente demanda ciudadana por una justicia más eficiente y libre de influencias políticas, el desarrollo de este caso será clave para medir el compromiso de las instituciones con la lucha contra la corrupción.

Para más información sobre este caso: https://ministeriopublico.gov.py/

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