La Cámara de Diputados rechazó aumentar a 15 años las penas para menores de edad y mantuvo una máxima de 10 años, argumentando que la solución debe combinar sanción, rehabilitación y reinserción social.
Proyecto surgió tras el caso de Fernanda
La diputada liberal Dalia Estigarribia explicó que la iniciativa nació a partir de la conmoción nacional generada por el asesinato de María Fernanda, un caso de feminicidio ocurrido en 2025 y que reabrió el debate sobre las sanciones aplicables a adolescentes involucrados en delitos graves.
Según recordó, la legislación vigente establece actualmente una pena máxima de ocho años para menores infractores. La propuesta aprobada inicialmente por Diputados elevó ese límite a diez años, mientras que el Senado modificó la propuesta para elevarlo a quince años.
Sin embargo, la Cámara Baja decidió ratificar por decisión unánime su versión original.
“Aumentar penas no reduce automáticamente la criminalidad”
La legisladora afirmó que elevar las condenas por sí solo no garantiza una disminución de los hechos delictivos y advirtió que una política centrada exclusivamente en el castigo podría terminar saturando las instituciones de reclusión sin resolver las causas del problema.
“Creemos que diez años era lo correcto y que también debemos trabajar en la reinserción”, explicó la diputada.
Reinserción y acompañamiento como ejes de la propuesta
La parlamentaria destacó que el proyecto incorpora medidas orientadas a la rehabilitación de adolescentes infractores mediante apoyo psicológico, educación y capacitación laboral.
En ese sentido, mencionó la experiencia del Centro Educativo de Itauguá, donde, según afirmó, los jóvenes acceden a formación académica, aprendizaje de oficios y programas de desintoxicación. No obstante, advirtió que el principal obstáculo aparece cuando los adolescentes recuperan la libertad y regresan a entornos familiares desestabilizantes.
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Adicciones y familias vulnerables: factores de riesgo
Durante la entrevista, Estigarribia sostuvo que gran parte de la problemática vinculada a la delincuencia juvenil está asociada al consumo de drogas, la falta de contención familiar y las dificultades de salud mental.
Indicó que muchos jóvenes reinciden porque regresan a contextos marcados por la exclusión social, la violencia o la ausencia de referentes familiares. “La familia sigue siendo el principal problema que debemos abordar”, afirmó.
Plantean educación emocional desde las escuelas
La diputada también respaldó iniciativas orientadas a fortalecer la educación emocional en escuelas y colegios, con el objetivo de brindar herramientas de contención y prevención desde edades tempranas.
Según explicó, la formación emocional podría contribuir a enfrentar problemáticas como el consumo de drogas, la violencia juvenil y las dificultades de salud mental que afectan cada vez más a adolescentes y jóvenes.
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