El experto informático Luis Benítez cuestionó la compra de equipos de interceptación de comunicaciones por parte del Parque Tecnológico Itaipú (PTI) y advirtió sobre los riesgos para la privacidad y la libertad de prensa.
La adquisición de equipos de interceptación de comunicaciones por parte del Parque Tecnológico Itaipú (PTI) abrió un debate sobre los límites de la vigilancia estatal y la protección de los derechos fundamentales.
Durante una entrevista en Central Radio 1140 AM el especialista en informática Luis Benítez sostuvo que estas tecnologías, utilizadas habitualmente por fuerzas de seguridad e inteligencia, pueden derivar en abusos si no existen controles legales claros sobre su utilización.
¿Cómo funcionan los equipos de interceptación?
Benítez explicó que estos dispositivos operan simulando ser antenas de telefonía móvil, logrando que los teléfonos celulares cercanos se conecten a ellos de manera automática.
A partir de esa conexión, pueden interceptar llamadas, mensajes y tráfico de datos, permitiendo registrar comunicaciones o identificar dispositivos presentes en una zona determinada.
Según comentó, estas herramientas son utilizadas internacionalmente por organismos de inteligencia, fuerzas policiales y estructuras de seguridad para operaciones específicas.
Entre la seguridad y el riesgo de vigilancia masiva
El especialista reconoció que los equipos pueden ser utilizados para combatir delitos complejos, realizar allanamientos o apoyar investigaciones criminales.
Sin embargo, advirtió que también pueden emplearse para monitorear manifestaciones ciudadanas, identificar participantes de protestas o realizar tareas de vigilancia sobre periodistas, activistas y opositores políticos.
“Así como eventualmente puede utilizarse para cuestiones operativas de seguridad, también puede utilizarse para la represión”, sostuvo en preocupadas declaraciones.
Falta de regulación
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Benítez apunta a la ausencia de un marco legal específico que establezca cuándo, cómo y bajo qué controles pueden utilizarse estos sistemas de interceptación.
Bajo su perspectiva, las instituciones de seguridad solamente deberían operar dentro de límites claramente definidos por la legislación vigente, algo que actualmente no ocurre con este tipo de tecnologías.
También cuestionó que la compra se realice a través del PTI y no mediante los mecanismos tradicionales de adquisición pública vinculados a organismos de seguridad.
Periodistas y ciudadanos, potenciales objetivos
Durante la nota, el experto advirtió que la experiencia internacional demuestra que periodistas de investigación y referentes de organizaciones sociales suelen convertirse en objetivos de vigilancia cuando estas herramientas son utilizadas sin controles adecuados.
Al respecto mencionó principalmente la utilización de los sistemas de Palantir Technologies, una empresa estadounidense de software especializada en el análisis de macrodatos e inteligencia artificial para gobiernos, agencias de inteligencia y grandes corporaciones. Además de mencionar que coincidentemente el presidente Santiago Peña mantuvo una reunión con la empresa recientemente.
Debate sobre privacidad y democracia
Benítez sostuvo que la discusión debe centrarse no solamente en la capacidad tecnológica de los equipos, sino también en las garantías institucionales que deben acompañar su uso.
Afirmó que la protección de datos personales, las libertades civiles y los derechos constitucionales requieren mecanismos de control transparentes que impidan usos indebidos de tecnologías diseñadas originalmente para fines de inteligencia y seguridad.
La compra de equipos de interceptación de comunicaciones por parte del PTI reavivó el debate sobre seguridad, privacidad y vigilancia estatal en Paraguay. Mientras sus defensores sostienen que pueden fortalecer la lucha contra el crimen organizado, expertos como Luis Benítez advierten que la falta de regulación específica y controles institucionales podría abrir la puerta a vulneraciones de derechos fundamentales y afectar la calidad democrática del país.
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