Representantes de los excombatientes y víctimas del levantamiento militar del 2 y 3 de febrero de 1989 reclaman que todos los beneficiarios contemplados en la Ley 7081 sean incorporados al Presupuesto General de la Nación del 2027.
ASUNCIÓN. Excombatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 se movilizan para exigir que el Gobierno garantice la inclusión de todos los beneficiarios de la Ley 7081 en el Presupuesto General de la Nación del año 2027.
Según explicó Teófilo Mereles, presidente de la Asociación de Exsoldados del 89, el principal reclamo es que los expedientes que cumplen los requisitos legales sean procesados y presupuestados sin exclusiones.
Reclaman el cumplimiento de una ley vigente
Mereles recordó que la Ley 7081 fue sancionada en 2023, promulgada por el Poder Ejecutivo y reglamentada en 2024. La normativa establece una indemnización para militares y policías que participaron directamente en los enfrentamientos que derivaron en la caída del régimen de Alfredo Stroessner y el inicio de la transición democrática.
El dirigente sostuvo que las organizaciones impulsaron durante más de una década el reconocimiento legal de quienes participaron en aquellos acontecimientos. “Nosotros creemos que lo que pedimos se ajusta a derecho”, afirmó el representante.
Retrasos administrativos generan preocupación
El principal conflicto actual está relacionado con la revisión de expedientes por parte de las instituciones responsables. Al respecto Mereles explicó que los documentos son analizados inicialmente por el Ministerio de Defensa Nacional, que posteriormente los remite a otras instancias para su certificación y validación.
Según indicó, los excombatientes presentaron sus carpetas durante el 2025, pero los tiempos administrativos dificultaron que todos los casos pudieran avanzar dentro de los plazos inicialmente previstos para la programación presupuestaria.
Tras movilizaciones realizadas a comienzos de junio, representantes del Gobierno se comprometieron a ampliar los plazos necesarios para que los expedientes que cumplan los requisitos puedan llegar al Ministerio de Economía y Finanzas.
Entre 1.800 y 2.000 beneficiarios potenciales
De acuerdo con los datos proporcionados por Mereles, unas 6.000 personas presentaron documentación a nivel nacional. Sin embargo, aclaró que no todos cumplen los criterios establecidos por la reglamentación.
La normativa reconoce únicamente a quienes tuvieron participación directa en los acontecimientos del 2 y 3 de febrero de 1989 dentro de las unidades expresamente contempladas en el decreto reglamentario.
“Estamos entre 1.800 y 2.000 participantes directos aproximadamente”, comentó. Actualmente, más de mil expedientes ya habrían sido remitidos para continuar el proceso de validación y eventual incorporación presupuestaria.
Indemnización prevista por la ley
La Ley 7081 establece una indemnización equivalente a 750 jornales mínimos para cada beneficiario reconocido.
El pago está previsto por única vez y también contempla mecanismos para que familiares en primer grado de consanguinidad puedan acceder al beneficio cuando el titular haya fallecido.
Mereles lamentó que numerosos excombatientes hayan fallecido durante los años de gestiones sin llegar a recibir el reconocimiento previsto en la normativa.
Análisis del contexto
El reclamo combina aspectos históricos, jurídicos y presupuestarios. Los excombatientes sostienen que su participación estuvo vinculada a los hechos que pusieron fin a la dictadura e iniciaron el proceso democrático vigente desde 1989.
La discusión actual ya no gira sobre la existencia de la indemnización, sino sobre la capacidad del Estado para concluir las verificaciones administrativas y asegurar los recursos necesarios dentro del Presupuesto General de la Nación 2027.
Los excombatientes del 89 mantienen la expectativa de que el Gobierno cumpla los compromisos asumidos y permita que todos los expedientes habilitados sean incorporados al proceso presupuestario del próximo año. Mientras continúan las revisiones administrativas, las organizaciones anunciaron que seguirán movilizadas hasta obtener una respuesta definitiva.
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