El presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte, cuestionó duramente el proceso de reglamentación de la nueva ley de reforma del transporte público impulsada por el Gobierno, denunciando que tanto trabajadores como usuarios fueron excluidos de la elaboración del proyecto y de las mesas de discusión para su implementación.
En conversación con Central Radio 1140 AM, el dirigente sindical, Gerardo Giménez, afirmó que el sector rechaza principalmente tres puntos de la nueva normativa y advirtió que podrían impulsar nuevas medidas de fuerza si no existe apertura al diálogo por parte de las autoridades.
“Nosotros no estamos de acuerdo en la forma que se hizo”, expresó Giménez, al señalar que ni la Federación ni representantes de usuarios fueron convocados durante el proceso de reglamentación de la ley.
Según explicó, uno de los principales cuestionamientos gira en torno al carácter de “servicio imprescindible” otorgado al transporte público. El sindicalista sostuvo que históricamente el servicio fue considerado “esencial”, pero que la nueva denominación tendría implicancias directas sobre el derecho a huelga de los trabajadores.
Otro de los puntos criticados corresponde al artículo 39 de la normativa, relacionado con la transición empresarial dentro del nuevo modelo de operación del transporte. Jiménez señaló que la ley no garantiza de manera clara la absorción de los trabajadores por parte de las nuevas empresas adjudicadas.
“Quiero saber qué va a pasar después, cuándo suceda eso. Qué es lo que va a pasar con los compañeros”, manifestó.
Asimismo, cuestionó el artículo 45, referente al nuevo esquema de operadores y concesionarios del sistema, donde distintas empresas asumirían funciones separadas como operación, mantenimiento, administración de paradas y talleres.
“En ningún momento mencionan quién se encarga de los trabajadores”, sostuvo.
El dirigente también denunció una supuesta persecución hacia empresas que acompañaron las medidas impulsadas por los trabajadores. En ese sentido, mencionó el caso de la Línea 23, que, según afirmó, fue sancionada con una multa cercana a G. 80 millones tras adherirse a una huelga promovida por el gremio.
“Es la primera vez que ocurre que una empresa reciba una sanción porque el trabajador convoca a una huelga”, declaró.
Giménez consideró que las decisiones del Viceministerio de Transporte se están tomando “en forma unilateral” y sin participación de los sectores involucrados. Incluso cuestionó directamente la continuidad de las actuales autoridades del área.
“Este viceministro de Transporte ya no puede continuar más en ese espacio porque desconoce totalmente el sistema de transporte”, afirmó.
Durante la entrevista, el sindicalista también apuntó contra la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, acusándola de brindar información falsa sobre la situación del transporte y de la infraestructura vial.
“La ministra de Obras Públicas es una señora muy mentirosa. Le mienten a la prensa, le mienten a los usuarios, nos mienten a nosotros los trabajadores”, expresó textualmente.
Giménez sostuvo además que el proyecto impulsado por el Ejecutivo sería “inaplicable”, asegurando que incluso algunos parlamentarios habrían transmitido la misma preocupación durante el tratamiento legislativo.
“Los mismos parlamentarios nos decían que esto no se va a aplicar, que este proyecto de ley es inaplicable”, indicó.
En otro momento de la entrevista, el titular de la Federación de Trabajadores del Transporte advirtió sobre la situación salarial de choferes y cobradores, denunciando incumplimientos laborales en gran parte de las empresas del sector.
“El 90% no cumple”, afirmó al referirse al pago de salarios mensualizados y beneficios laborales establecidos por ley.
Además, señaló que trabajadores vinculados a unidades eléctricas recientemente incorporadas al sistema estarían percibiendo pagos “por redondo”, situación que calificó como una vulneración de derechos laborales.
Finalmente, Giménez confirmó que el gremio ya presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo solicitando la revisión de las sanciones aplicadas y reiterando su rechazo al modelo de implementación de la reforma.
“No vamos a quedarnos con los brazos cruzados”, advirtió.
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