Gremios, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de ajuste al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 que reduce el gasto de la Administración Central en USD 670 millones y baja el déficit fiscal del 3,9% del PIB previsto en el proyecto original al 2,9%.
La propuesta fue expuesta este jueves en el Foro Multisectorial, que reunió a más de 250 personas en el Centro de Convenciones Mariscal. El presidente del Centro de Importadores, Iván Dumot, abrió la jornada, y el economista Jorge Garicoche expuso la propuesta junto con el equipo técnico del foro.
Con el ajuste, el presupuesto de la Administración Central pasaría de G. 87,9 billones en el proyecto original, y G. 87,6 billones con la adenda, a G. 83,5 billones, equivalentes a USD 12.930 millones al tipo de cambio oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.
El diagnóstico presentado señala que los ingresos corrientes crecerían 3,5% frente a un aumento de 13,4% en los gastos corrientes, y que la partida de otros ingresos está sobreestimada en USD 840 millones. Las emisiones de deuda superarían los USD 2.500 millones, y parte de ellas financiaría gasto corriente, en incumplimiento de la regla de oro de las finanzas públicas.
La propuesta reúne cinco medidas en tres ejes: eficiencia del gasto operativo, mejora de las compras públicas y reasignación de programas sociales.
En el gasto operativo, la contención salarial y de vacancias ahorraría USD 97 millones. Incluye congelar las vacancias en cargos administrativos, cancelar contratos por afinidad política o parentesco, suspender nuevas contrataciones administrativas, con reposición solo en el MEC y límites al aumento del personal de blanco en el Ministerio de Salud, y reducir bonificaciones extraordinarias.
La racionalización de gastos administrativos no esenciales sumaría USD 70 millones, con control electrónico, abierto y público, de los vales de combustible para móviles del Estado, menos gastos en catering y viajes, y publicidad estatal solo en medios oficiales.
En compras públicas, la propuesta plantea una compra centralizada de medicamentos que integre la demanda del Ministerio de Salud, el IPS, el Hospital de Clínicas y las sanidades Militar y Policial, con trazabilidad del inventario. El ahorro estimado es de USD 220 millones.
En programas sociales, la reasignación y focalización de Hambre Cero ahorraría USD 210 millones. El programa mantendría cobertura total durante los 180 días en los sectores más pobres (quintiles 1 y 2 del mapa de pobreza del INE), con desayuno, almuerzo y colación, se focalizaría en los distritos intermedios del quintil 3 y ofrecería un complemento nutricional en zonas urbanas consolidadas.
La depuración del padrón de adultos mayores, mediante un cruce mensual automático con la DNIT, el IPS, Registros Públicos y cajas privadas, ahorraría USD 73 millones al excluir a fallecidos y a beneficiarios con ingresos formales, inmuebles comerciales o vehículos registrados. Según la presentación, cada punto porcentual de error en el padrón cuesta cerca de USD 7 millones al año.
Tras la exposición técnica hablaron Daniel Prieto, de la Asociación Rural del Paraguay; Alfred Fast, de FECOPROD; Marité Rasmussen, en representación de la sociedad civil, y Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción. Hugo Cáceres moderó la ronda de preguntas. El público participó activamente, con consultas enviadas por código QR e intervenciones directas a los representantes sectoriales y al equipo técnico.
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