El diputado Saúl González, impulsa un proyecto de ley que busca agilizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante el uso de tecnologías de geolocalización. La propuesta legislativa fue estudiada sobre tablas en la Cámara de Diputados y pretende corregir las demoras que hoy afectan a la actuación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y los operadores de telefonía.
Durante su presentación, González explicó que actualmente no existe un protocolo eficaz para actuar de inmediato tras una denuncia por desaparición. Según indicó, la normativa vigente –una resolución interna de la Policía Nacional (Resolución Nº 666/2017)– establece una espera de 24 horas antes de iniciar el proceso de búsqueda y carga de datos, lo que resta tiempo valioso en casos donde cada minuto cuenta.
“El objetivo de esta ley es dinamizar la respuesta institucional. Queremos que, una vez realizada la denuncia, tanto la Fiscalía como la Policía Nacional puedan solicitar al juzgado la información sobre la última conexión del teléfono móvil de la persona desaparecida. Esa solicitud se realizará a través de triangulación de antenas para lograr una ubicación aproximada en tiempo real o en un plazo máximo de dos horas”, explicó el parlamentario.
González sostuvo que la tecnología puede ser un aliado estratégico, y que las nuevas disposiciones permitirán seguir pistas con mayor rapidez, recurriendo a cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y otras herramientas de rastreo. “Los minutos, incluso los segundos, son vitales. Hemos tenido casos como el de Concepción donde cada momento perdido puede significar una vida”, subrayó.
Asimismo, señaló que la Fiscalía ha enfrentado serias limitaciones burocráticas, tanto para obtener datos de prestadoras de telefonía como para brindar información mínima a los familiares de personas desaparecidas. La nueva ley se ampara en la figura del anticipo jurisdiccional de pruebas, lo que refuerza su validez jurídica en las investigaciones penales.
El proyecto, que consta de cinco artículos, no contempla interferencias en la privacidad de las comunicaciones ni accede a contenidos personales, sino únicamente a los datos de geolocalización del último uso del teléfono. “No se trata de espiar, sino de salvar vidas. No hay ningún interés más allá de ubicar el dispositivo celular en el momento más reciente en que estuvo activo”, remarcó González.
Por último, el legislador enfatizó que la ley también podría tener impactos colaterales positivos, como la detección de redes delictivas o la articulación de datos en otros procesos penales. “Si en el proceso de búsqueda se encuentran otras conexiones con delitos, eso también será bienvenido”, concluyó.
