El criminólogo Juan Martens sostuvo que la vinculación del atentado en Naranjito con el EPP no está demostrada, como si afirma el ministro Enrique Riera y pidió investigar una eventual participación de agentes policiales en esquemas de protección al crimen organizado.
El criminólogo Juan Martens cuestionó la hipótesis presentada por el ministro del Interior, Enrique Riera, sobre una posible participación de una nueva generación del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el ataque contra el Puesto Policial Nº 4 de Naranjito, en el departamento de Canindeyú. El ataque dejó tres personas fallecidas, dos policías y un civil, y provocó la destrucción de la dependencia policial.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, Martens afirmó que existen versiones alternativas que relacionan el atentado con una presunta represalia de estructuras dedicadas al narcotráfico.
“Lo que ocurrió es una tragedia a nivel personal y a nivel institucional, es una tragedia que tres compatriotas hayan perdido la vida. Por otro lado, también es una tragedia institucional para la República del Paraguay que un puesto de seguridad se incendie y se reduzca a cenizas”.
Pide investigar una posible protección policial
Martens señaló que Canindeyú es un territorio estratégico para el tráfico de cocaína, marihuana y armas hacia el Brasil, pese a la presencia de la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
A partir de investigaciones académicas desarrolladas durante varios años en la zona, sostuvo que existen indicios sobre la participación de algunos agentes de seguridad en redes de protección a organizaciones criminales.
“Hay una parte de la Policía Nacional, de los organismos de seguridad, que trabaja para o con miembros de las organizaciones criminales y que les da cobertura. Esa es la hipótesis que se tiene que investigar cada vez más desde los organismos de control”.
Una supuesta represalia por un cargamento de cocaína
El criminólogo afirmó que la versión que circula en la zona sostiene que los agentes del puesto policial habrían permitido el paso de un cargamento de cocaína, pero posteriormente se habría detectado un faltante en la mercadería.
“La versión más fuerte que corre es que, efectivamente, en ese puesto, como en otras ocasiones, los policías autorizaron el paso de una mercadería. Cuando se hizo la contabilidad final habrían faltado unos kilos, y esa sería la verdadera razón de por qué se dio ese ataque”.
El entrevistado explicó que, según esa versión, los integrantes de la estructura criminal habrían regresado después de detectar el supuesto faltante.
“Se fueron, entregaron la mercadería en Brasil, se dieron cuenta de que les faltó y volvieron a decir que necesitaban que les devolvieran su mercadería. Como no la devolvieron, terminaron tomando esta represalia”.
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No descarta participación del EPP, pero pide pruebas
El especialista reconoció que el EPP mantiene una presencia histórica en zonas de Canindeyú, San Pedro y Caaguazú, por lo que no descartó completamente una eventual intervención de miembros del grupo.
“Yo no puedo decirte que no estén metidos. Esto no está comprobado y todo es posible en esta parte del departamento. Pero lo que queda claro es que efectivamente son personas que respondían a grupos del narcotráfico que querían tomar venganza contra esa comisaría”.
También planteó que una organización criminal podría haber contratado a terceros para ejecutar el ataque.
“Ni siquiera se puede descartar que hayan contratado a esta gente y les hayan dicho: ‘Necesitamos un equipo porque queremos ir a atacar la comisaría’. Nada de esto puede descartarse”.
Cuestiona la ausencia de una reivindicación
Martens señaló que el ataque no estuvo acompañado de panfletos, reivindicaciones o mensajes propagandísticos, elementos que suelen aparecer en acciones atribuidas al EPP.
“Si la finalidad del incendio era propaganda del EPP, ¿dónde está el panfleto?, ¿dónde está la reivindicación? Ningún guerrillero hace una acción sin reivindicarla, porque tiene que decir: ‘Yo fui, yo tengo una intencionalidad’. Acá no hubo nada de eso”.
El calibre de las armas no determina la autoría
El criminólogo también cuestionó que el tipo de armas utilizadas pueda considerarse una prueba concluyente sobre los responsables. Explicó que las armas circulan entre distintas organizaciones criminales, pueden ser robadas, revendidas o utilizadas por diferentes actores.
“La sola presencia del arma no permite decir la autoría. Sí podemos decir que esta arma se utilizó aquí, aquí y allí, pero lo que no podemos decir con certeza es quién utilizó esa arma”.
Martens recordó casos anteriores en los que policías y militares fueron procesados por presuntamente comercializar municiones o colaborar con estructuras criminales en la región.
Reclamo por una investigación más amplia
El criminólogo consideró preocupante que las autoridades concentren la investigación en la posible participación del EPP sin analizar con la misma profundidad la eventual intervención del narcotráfico y de agentes estatales.
“Nos resulta sorprendente que el ministro del Interior se moleste tanto cuando se plantea esta hipótesis alternativa y ni siquiera tenga la capacidad de decir: ‘Es una hipótesis válida, vamos a tratar de investigarla y documentarla’”.
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