Denuncian que los descuentos compulsivos aún afectan a víctimas pese a las investigaciones en curso. Avances son insuficientes y apuntan a la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y sectores del sistema judicial.
Víctimas afirman que el problema persiste en casi todos los casos
A más de dos años de las primeras denuncias públicas sobre el esquema conocido como la “Mafia de los Pagarés”, los afectados sostienen que el impacto de las medidas adoptadas hasta ahora sigue siendo limitado.
Durante una entrevista en el programa Central Radio 1140 AM, Pedro Coronel, vocero de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, aseguró que los cobros compulsivos continúan en la gran mayoría de los casos denunciados.
“El impacto es demasiado poco todavía. Hay avances, pero de manera individual, muy lenta. Seguimos buscando mecanismos que den una solución rápida y efectiva a las víctimas”, afirmó el vocero.
Lentitud legislativa
Coronel cuestionó el tratamiento legislativo de los proyectos relacionados con la problemática y expresó preocupación por las modificaciones introducidas recientemente a una iniciativa que ahora deberá volver al Senado.
Según explicó, la normativa debatida apunta principalmente a prevenir futuros casos, pero no ofrece soluciones inmediatas para quienes ya fueron afectados por descuentos considerados irregulares.
“Nos preocupa que sigan dilatando las respuestas. Mientras tanto, muchas personas continúan sufriendo descuentos y perjuicios económicos”, sostuvo.
El dirigente señaló además que la Coordinadora impulsa una propuesta legislativa específica para brindar reparación a las víctimas y acelerar la restitución de recursos descontados.
“La ciudadanía despertó frente al sistema judicial”
Uno de los principales cambios observados durante el último año, según Coronel, es el creciente involucramiento de la ciudadanía en el debate sobre el funcionamiento de la justicia.
Afirmó que las denuncias permitieron exponer prácticas que durante años permanecieron invisibles para gran parte de la población.
“La sociedad entendió que la justicia tiene responsables concretos y que las instituciones deben rendir cuentas. Ya no existe aquella percepción de que las decisiones judiciales son incuestionables”, manifestó.
La Corte Suprema, en el centro de los cuestionamientos
El representante de las víctimas dirigió duras críticas a la Corte Suprema de Justicia, a la que responsabilizó por no haber detectado ni frenado a tiempo los mecanismos utilizados para ejecutar cobros presuntamente irregulares.
Según argumentó, bajo la administración del máximo tribunal se desarrollaron durante años procesos judiciales cuestionados que derivaron en embargos, descuentos salariales y ejecuciones presuntamente ilegales.
“Si no detectaron lo que ocurría, son responsables por ineficiencia. Si lo detectaron y permitieron que continúe, son cómplices”, afirmó el representante de las víctimas. Por esa razón, la Coordinadora sostiene que corresponde analizar la eventual responsabilidad política de las máximas autoridades judiciales.
La estructura sigue funcionando
Aunque reconoce que la presión ciudadana logró ralentizar el funcionamiento del esquema, Coronel advirtió que la organización detrás de los cobros irregulares aún no fue completamente desmantelada.
A su criterio, las investigaciones se han concentrado en funcionarios y operadores intermedios, mientras que los verdaderos beneficiarios del sistema permanecen fuera del alcance de las pesquisas.
Aseguró que “los jueces son apenas mandos medios. Todavía no se llega a quienes realmente diseñaron y sostuvieron este mecanismo durante años”.
También cuestionó que no se hayan profundizado auditorías a empresas vinculadas en los procesos de cobro ni investigaciones patrimoniales sobre los actores económicos involucrados.
Miedo e incertidumbre entre las víctimas
Coronel describió además el impacto emocional que la situación genera entre los afectados. Explicó que muchas personas viven con incertidumbre ante la posibilidad de sufrir descuentos inesperados en sus cuentas bancarias o salarios.
“El miedo permanece. Mucha gente llega al cajero sin saber si va a encontrar su dinero o si nuevamente le descontaron algo que considera injusto”, señaló en declaraciones profundas.
A su juicio, esta realidad demuestra la falta de seguridad jurídica que afecta a trabajadores, jubilados, emprendedores y pequeños empresarios.
Movilización frente al Palacio de Justicia
Como parte de las acciones impulsadas por la Coordinadora, Coronel anunció una movilización frente a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
Durante la jornada, las víctimas presentarán nuevas notas institucionales, leerán manifiestos públicos y acompañarán a dirigentes convocados para prestar declaraciones en el marco de las investigaciones abiertas.
“Seguiremos insistiendo hasta que las víctimas recuperen su dinero y hasta que los responsables respondan ante la justicia”, concluyó Coronel.
Para las organizaciones de afectados, el desafío actual ya no pasa únicamente por identificar responsables individuales, sino por impulsar reformas estructurales que impidan la repetición de estos hechos y restablezcan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
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