Artículo de opinión por Facundo Bourgeois
Hace apenas un par de meses comenzó a destaparse la gran “Campaña Sucia”: el presunto esquema de desinformación en redes sociales que apunta a periodistas, medios de comunicación y voces críticas del gobierno.
Lo que a simple vista parecían ser inocentes páginas partidarias, desarrollaban en secreto campañas sistemáticas de desprestigio financiadas con publicidad paga en Facebook, Instagram, Google y YouTube.
Sucia Política y Despierta Paraguay fueron apenas dos nombres de esa “Red Desinformante” integrada por al menos 14 plataformas digitales que compartían un mismo funcionamiento: publicaciones difamatorias contra opositores políticos y difusión de propaganda de programas gubernamentales.
La pregunta nunca fue solamente quién administró esas páginas. La verdadera cuestión siempre fue otra: ¿Quién financió esta multimillonaria operación?
Para explicarlo podemos pecar del argumento de la casualidad, pero hay mucho más detrás. A medida que avanzaron las investigaciones comenzaron a aparecer responsables de esta red. Entre ellos Juan Roberto “Jimmy” Villaverde, quién solamente es simpatizante y militante colorado, según el presidente Santiago Peña y la viceministra del MITIC, Alejandra Duarte.
Pero la realidad va más allá de la simple conveniencia; Duarte y Peña mintieron, quizá intentaron ocultarlo o se confundieron en sus declaraciones sobre Jimmy. Pero en realidad, Villaverde fue un comisionado de Yacyretá en 2023; además, existen registros que -al contrario de lo que afirman sus defensores- demuestran que trabajó en Mburuvicha Róga como parte del equipo de comunicación de la misma Presidencia.
Las “coincidencias” no terminan allí. El número telefónico de Sucia Política y Central Noticias -otra de las páginas investigadas- es el mismo y se encuentra vinculado a Villaverde. Asimismo, creadores de contenido que participaron en Despierta Paraguay están relacionados a Comunik, una agencia de marketing administrada por Villaverde.
A medida que las investigaciones se hicieron públicas, varias de estas cuentas desaparecieron de las redes sociales. En busca de eliminar cualquier prueba de esta operación, también intentaron esconder todo rastro de las pautas publicitarias hechas.
Antes de que fueran dadas de baja, se documentaron inversiones de hasta 2.909 millones de guaraníes destinadas a 7.965 anuncios digitales en esta “Red Desinformante”. Enormes cifras que -de nuevo- concuerdan temporal y oportunamente con la asunción al cargo de Peña en 2023 y el posterior ingreso de sus correligionarios a cargos públicos, como el caso de Villaverde.
Las dudas, lejos de disiparse, aumentaron. En consecuencia, legisladores de la oposición impulsaron pedidos de informes para investigar esta campaña. Mientras tanto, el MITIC tarda en responder y cuando se pronuncia lo hace a medias, sin resolver la principal duda: ¿De dónde vienen los recursos utilizados para financiar esta estructura digital?
No es solamente una discusión política o sobre redes sociales. Está en juego la posibilidad de que los recursos públicos hayan sido usados para financiar campañas de odio contra las pocas voces críticas del gobierno: periodistas y opositores.
Además, las autoridades están muy lejos de tranquilizar con sus medias respuestas, ahora la pregunta también gira en torno a si Peña y Duarte quieren esconder a Villaverde y por qué.
Mientras esos cuestionamientos se encuentran sin respuestas, se abre una posibilidad que asusta: el Gobierno es capaz de utilizar su poder para atacar a cualquiera que lo intente exponer.
Toda democracia necesita contrapesos. En un Paraguay con un Estado colmado por el oficialismo, los pocos disidentes y opositores que restan son el contrapeso que mantiene a la República en balance y a su vez, mantiene viva la democracia.
Si el oficialismo busca desacreditar a esta escasa oposición financiando campañas sucias, lo hace con el único objetivo de concentrar el poder del Estado. Cuando eso pase, el balance se romperá y la democracia morirá.
Por eso las investigaciones periodísticas deben continuar. Fiscalizar el poder es la única manera de salvaguardar la democracia y sostener el equilibrio de la República.
Que todos los corruptos recuerden que, al final del día, una verdad permanece intacta: la evidencia siempre encuentra el camino a la luz.
Después de todo, siempre hay mucho más bajo la lupa.
