Víctor Mendoza, presidente de la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEPY), denuncia retrasos en los desembolsos y advierte que generan una fuerte presión financiera sobre las empresas proveedoras de Hambre Cero. El sector prepara una propuesta de ley para proteger los fondos del programa y establecer pagos cada 15 días.
Los proveedores del programa alimentario escolar Hambre Cero acumulan atrasos de entre 90 y 120 días en el cobro de los servicios de alimentación escolar, con una deuda que rondaría los USD 100 millones a escala nacional, según denunció Víctor Mendoza, presidente de la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEPY).
En entrevista con Central Radio 1140 AM, el representante explicó que los retrasos afectan principalmente a contratos administrados por algunas gobernaciones y que existen obligaciones pendientes por provisiones realizadas desde julio.
Deudas acumuladas desde julio y presión sobre las empresas
Mendoza explicó que los problemas de pago no son nuevos. Según relató, una situación similar se presentó el año pasado y pudo regularizarse durante los primeros meses de 2026. Sin embargo, los retrasos reaparecieron en la segunda parte del año.
“Hoy día estamos ya retrasados como 90 días en algunas gobernaciones, llega al extremo de 120 días de atraso”, afirmó.
El titular señaló que hubo meses en los que las empresas recibieron solamente la mitad de los montos correspondientes, mientras que en otros casos se postergaron desembolsos completos. Como consecuencia, las obligaciones pendientes se fueron acumulando llegando a oscilar entre los USD 90 millones y USD 120 millones.
Estos atrasos son mayores en las gobernaciones que en la administración central a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). A pesar de la situación el dirigente expresó su confianza en que el ministro de economía Óscar Lovera pueda intervenir para regularizar los pagos, como ocurrió anteriormente.
“Hay que pagar 26.000 cocineras al mes”
El presidente de CAEPY sostuvo que la continuidad del programa exige una estructura operativa de 26.000 cocineras al mes que no puede detenerse mientras se esperan los desembolsos. A eso se suman los impuestos, la compra de insumos y los pagos a productores y pequeñas empresas que participan en la cadena de suministro.
Recordó que Hambre Cero beneficia a aproximadamente 1.077.000 niños y alcanza indirectamente a unas 520.000 familias, además participan 327 organizaciones campesinas y 721 mipymes.
El dirigente considera que la interrupción o demora de los pagos podría afectar a toda esta cadena económica, particularmente a los proveedores con menor capacidad para sostener sus operaciones durante varios meses sin cobrar.
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Proponen una ley para proteger los fondos de Hambre Cero
Frente a los retrasos, CAEPY prepara una iniciativa de Ley de Seguridad Alimentaria Escolar con la que buscarán promover un acuerdo que permita proteger de disputas políticas a los recursos destinados al programa
Su propuesta consiste en establecer una protección específica para los fondos de Hambre Cero, de manera que se destinen exclusivamente al servicio de alimentación escolar. Además, plantea que las empresas reciban el pago dentro de los 15 días posteriores a la emisión de las facturas. Un mecanismo de desembolsos regulares permitiría a las empresas cumplir oportunamente con sus trabajadores, productores, proveedores y obligaciones tributarias.
CAEPY pide que el programa quede fuera de las disputas políticas
El presidente cuestionó que la administración de los recursos pueda quedar condicionada por enfrentamientos entre sectores políticos o económicos. A su criterio, Hambre Cero debe consolidarse como una política de Estado, con financiamiento estable y continuidad más allá de los periodos electorales.
Rechazan sustituir la provisión de alimentos por transferencias directas
Consultado sobre la posibilidad de entregar directamente a las familias los recursos destinados a la alimentación escolar, Mendoza manifestó su desacuerdo con esa alternativa.
Argumentó que el sistema actual permite organizar la compra, preparación y distribución de alimentos mediante una estructura logística vinculada a las proveedoras. También sostuvo que las transferencias monetarias podrían presentar dificultades en hogares donde los niños se encuentran al cuidado de familiares distintos de sus padres o atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
“Un derecho conquistado de los niños no puede ser sacado por guerras políticas (…) Lo que acá tenemos que asegurar es que el niño tenga el lugar seguro en la escuela y que le esté esperando el plato de comida en la escuela”, expresó.
Escuchá la entrevista completa:
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