La abogada Cecilia Pérez advirtió sobre las limitaciones presupuestarias del Ministerio de la Mujer, cuestionó la composición de la delegación paraguaya ante comité de Naciones Unidas por los derechos de la mujer y reclamó políticas de prevención, protección y educación para enfrentar la violencia.
La abogada Cecilia Pérez cuestionó las prioridades del Gobierno en materia de protección de los derechos de las mujeres y sostuvo que el Ministerio de la Mujer necesita mayores capacidades institucionales, recursos y programas orientados a resultados.
Durante una entrevista con Central Radio 1140 AM, Pérez criticó las decisiones políticas que limitan la respuesta estatal frente a la violencia y advirtió sobre iniciativas que podrían debilitar o incluso eliminar la institución.
“Hoy es el momento en el cual el gobierno tiene que fortalecer al Ministerio de la Mujer”.
Ministerio de la Mujer: presupuesto y prioridades bajo cuestionamiento
Pérez consideró que el Ministerio de la Mujer no dispone de condiciones presupuestarias suficientes para responder a las necesidades existentes. Aunque reconoció la trayectoria de la titular de la institución, Alicia Pomata, sostuvo que las decisiones del Gobierno pueden condicionar el alcance de su gestión.
Como ejemplo, cuestionó la participación institucional en actividades vinculadas al Rally mientras la línea 137 de atención a víctimas de violencia no estaba funcionando. La entrevistada aclaró que no desconoce la posibilidad de situaciones de violencia durante eventos masivos, pero planteó la necesidad de establecer prioridades frente a servicios esenciales.
Delegación a comité de la ONU genera críticas por sus participantes
La abogada también se refirió a la delegación paraguaya que participará del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Suiza. Pérez cuestionó los perfiles de algunos integrantes de la comitiva, a quienes atribuyó posiciones contrarias a los derechos de las mujeres y la intención de desaparecer el ministerio mismo que las defiende.
“Esos más que ayudar, van a perjudicar, si es que van a hablar, esperemos luego de que no hablen, ¿verdad? Pero la sola presencia ya comunica algo negativo”.
A su entender, la composición de la delegación podría afectar el mensaje institucional de Paraguay ante el organismo internacional.
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Albergues protegidos y presupuesto por resultados
Entre las medidas que considera necesarias, mencionó la creación y el fortalecimiento de albergues para víctimas de violencia. Propone esto porque no basta con ofrecer alojamiento temporal: también deben garantizarse condiciones de seguridad que permitan a las mujeres continuar los procesos judiciales sin temor a nuevas agresiones.
“Tiene que ser un albergue protegido donde la víctima se sienta segura para poder avanzar en su proceso”.
Asimismo, propuso que los recursos públicos se asignen mediante proyectos y programas con objetivos verificables. Para ella el presupuesto debe examinar qué acciones se financiarán, cómo se ejecutarán y cuáles serán los resultados esperados.
Redes comunitarias para acompañar a las víctimas
Pérez también planteó la necesidad de construir redes de apoyo comunitario que permitan acompañar a las personas expuestas a situaciones de violencia. Cuestionó la idea de que los conflictos violentos dentro de una pareja deban permanecer exclusivamente en el ámbito privado.
“Nosotros tenemos que generar redes de contención comunitarias”.
Estas redes pueden contribuir a reducir el aislamiento de las víctimas, facilitar el acceso a ayuda y promover una mayor participación de familiares y vecinos en la prevención.
Prevención: trabajar también con los agresores
Otro de los aspectos destacados fue la necesidad de desarrollar intervenciones dirigidas a los hombres que ejercen violencia: “También hay que trabajar sobre el hombre”.
Pérez consideró insuficiente concentrar toda la respuesta institucional en la protección de las víctimas sin abordar los patrones de comportamiento de los agresores. La abogada advirtió que, sin intervenciones adecuadas, las conductas violentas persistirían y se repetirán las situaciones de riesgo.
En el ámbito educativo, cuestionó las restricciones al abordaje de cuestiones de género y sostuvo que la prevención debe comenzar en la familia y la escuela. Afirmó que los niños y adolescentes también aprenden de los comportamientos que observan en sus hogares, incluidos los episodios de agresión que no necesariamente implican violencia física.
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