Tras el feminicidio de Deisy Paola Giménez, la abogada Cecilia Pérez sostuvo que las denuncias y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer resultan insuficientes cuando las instituciones competentes no evalúan el riesgo ni actúan coordinadamente. También advirtió sobre la falta de recursos y especialización en el sistema judicial.
La abogada Cecilia Pérez Rivas cuestionó la actuación de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia familiar y de la mujer, a raíz del caso de Deisy Paola Giménez, cuyo trágico feminicidio volvió a poner en discusión la respuesta de la Policía, la Fiscalía y los juzgados de Paz.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, Pérez sostuvo que el problema no se limita a la existencia de leyes o mecanismos de denuncia, sino a la capacidad de las instituciones para identificar situaciones de peligro, adoptar medidas oportunas y garantizar su cumplimiento.
“No puede ser que el sistema siga sin funcionar”.
Contexto. Deisy Paola había denunciado previamente a su agresor tras sufrir constantes agresiones verbales, psicológicas e intentos de estrangulamiento. Aunque contaba con una orden judicial de restricción y alejamiento, la medida fue ignorada por el atacante y el sistema estatal no realizó un seguimiento efectivo para protegerla.
Denunciar no garantiza protección efectiva
La abogada advirtió que presentar una denuncia contra una expareja agresiva puede incrementar el riesgo cuando no existen medidas de protección y seguimiento adecuadas.
Explicó que los funcionarios encargados de recibir las denuncias deben comprender las características de la violencia familiar y sus posibles consecuencias. Por ello, no basta con derivar los casos entre instituciones si no existe una evaluación del peligro real al que está expuesta la víctima.
Pérez señaló que, en el caso de Deisy, habría existido un incumplimiento de una medida judicial que no fue comunicado oportunamente a la Fiscalía. Ese incumplimiento constituía una señal de alerta que exigía una intervención más firme del que se tomó.
Juzgados de Paz: sobrecarga, falta de personal y recursos
Otro de los cuestionamientos se concentró en las condiciones de funcionamiento de los juzgados de Paz, cuyas dependencias deben atender numerosos procesos de menor cuantía y, simultáneamente, casos de violencia que requieren decisiones urgentes. Describió situaciones de juzgados sin suficientes funcionarios, con limitaciones materiales y magistrados interinos que deben atender varias oficinas.
La abogada valoró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya dispuesto una auditoría de gestión pero pidió examinar también las condiciones en las que trabajan los jueces.
“Hay que ver también si la Corte le está dando a estos juzgados las herramientas que necesitan”.
Advirtió que sustituir a un magistrado sin resolver las carencias estructurales podría mantener los mismos problemas de atención en estos casos.
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Cuestionamientos a las fiscalías especializadas
La abogada también criticó los mecanismos de asignación y rotación de fiscales en las unidades encargadas de investigar hechos de violencia, y afirmó que algunas designaciones responden a criterios de castigo o favores políticos.
Pérez reconoció que existen fiscales especializados, pero sostuvo que la rotación de funcionarios sin la preparación necesaria puede perjudicar la investigación y el acompañamiento a las víctimas. Por ello insistió en la importancia de evaluar los antecedentes, las denuncias de incumplimiento y la urgencia de cada caso individualmente.
Caso Deisy: las señales de riesgo que debieron atenderse
La entrevistada hizo referencia a un análisis difundido en redes sociales por el abogado Juan Pablo Irrazábal:
“En redes veía que el ex juez, el doctor Juan Pablo Irrazábal, hacía una mención muy importante: la primera denuncia de Daisy ya tenía dos hechos punibles, tenía una tentativa de homicidio y una privación de libertad, porque él la encerró no sé en qué lugar, no le dejaba salir”.
Pérez sostuvo que, tras esos hechos, correspondía una intervención del Ministerio Público más allá de las restricciones de acercamiento. Por lo que era necesario escuchar a la víctima, valorar los antecedentes y examinar medidas capaces de evitar nuevas agresiones.
Escuchá la entrevista completa:
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