El analista político Hugo Estigarribia cuestionó la supervisión del Banco Central, señaló posibles responsabilidades del Gobierno de Santiago Peña y sostuvo que el caso es parte de una disputa interna oficialista. También advirtió sobre la necesidad de proteger a los ahorristas y preservar la confianza en el sistema financiero.
El analista político Hugo Estigarribia sostuvo que la crisis de ueno bank evidencia fallas de supervisión y responsabilidades políticas que alcanzan al presidente Santiago Peña. En entrevista con Central Radio 1140 AM, afirmó que existían advertencias previas sobre la situación de la entidad y consideró que corresponde iniciar un juicio político al mandatario.
Para Estigarribia, el caso también tiene su origen en una disputa entre sectores del oficialismo, aunque señaló que los problemas financieros del banco deben examinarse independientemente de ese enfrentamiento.
“Esto es la crónica de una muerte anunciada, porque ya se venía anunciando hace mucho tiempo”, expresó al comenzar su análisis.
Las advertencias previas y el papel del Banco Central
Estigarribia recordó que tres senadores cercanos a Horacio Cartes, Antonio Barrios, Basilio Núñez y Natalicio Chase, habían solicitado informes sobre ueno bank. También se refirió a los anuncios de capitalización de la entidad y a las discusiones sobre un eventual aporte de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS). La situación se terminó por agravar con retiros de depósitos que habrían afectado la capacidad del banco para cumplir los requisitos de funcionamiento.
El analista explicó que, por el uso extendido de transferencias electrónicas, una salida importante de depósitos puede producirse sin las filas de clientes que tradicionalmente caracterizaban a las corridas bancarias. Sin embargo, sostuvo que el problema principal fue la falta de medidas oportunas de supervisión desde el Banco Central del Paraguay (BCP).
Cuestionó especialmente los créditos otorgados a empresas vinculadas y mencionó préstamos atribuidos a personas políticamente expuestas, incluido el vicepresidente Pedro Alliana.
“¿Dónde estuvo el Banco Central? La supervisión de la Superintendencia de Bancos en la entrega de créditos a empresas vinculadas”,preguntó al referirse a esas operaciones.
Una disputa dentro del oficialismo que expuso el caso
Estigarribia interpretó que los cuestionamientos públicos a ueno bank surgieron inicialmente de diferencias entre el cartismo y el presidente Peña. Esa pelea de grupos dentro del propio oficialismo contribuyó a que se conocieran informaciones sobre el funcionamiento de la entidad.
No obstante, distinguió ese origen político de los problemas de administración del banco y del propio BCP. Al cual le corresponde determinar qué controles se realizaron, cuándo surgieron las primeras alertas y por qué no se adoptaron medidas antes de que la situación afectara a los depositantes.
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La ley de conflictos de intereses y las «puertas giratorias»
Otro eje de la entrevista fue la modificación de la legislación sobre conflictos de intereses. Estigarribia explicó que participó como consultor en la elaboración de un proyecto presentado anteriormente en la Cámara de Diputados. Sostuvo que las modificaciones posteriores debilitaron las restricciones destinadas a evitar el tránsito de funcionarios entre entidades financieras privadas y organismos públicos de supervisión.
Según explicó, ese fenómeno, conocido como puerta giratoria, puede generar riesgos cuando una persona pasa de una institución regulada al organismo encargado de controlarla o regresa al sector privado con información obtenida durante el ejercicio de funciones públicas.
Estigarribia sostiene que corresponde un juicio político a Peña
El analista atribuyó responsabilidad política al presidente de la República Santiago Peña por no haber impulsado cambios en la conducción del Banco Central cuando surgieron cuestionamientos sobre su actuación.
Estigarribia aclaró que el juicio político constituye un procedimiento para determinar responsabilidades políticas y planteó que el mandatario debería tener oportunidad de defender sus decisiones ante el Congreso.
También se refirió a la situación del vicepresidente Pedro Alliana, a partir de las advertencias recibidas meses antes de la intervención. Aunque consideró que podría analizarse su eventual responsabilidad por omisión, señaló que necesitaba evaluar con mayor detenimiento su situación.
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