El economista Arnold Benítez sostuvo que Paraguay debe transparentar sus obligaciones pendientes, dimensionar la deuda acumulada con proveedores y presentar un plan creíble de pago. Advirtió que las inconsistencias fiscales pueden deteriorar la confianza de inversionistas, perdiendo así el grado de inversión alcanzado.
La obtención del grado de inversión Baa3 de Moody’s mantiene a Paraguay con una perspectiva estable y refleja su capacidad histórica para cumplir con sus compromisos financieros, pero también eleva las exigencias sobre la transparencia de las cuentas públicas y la calidad de la gestión estatal.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, el economista Arnold Benítez explicó que las calificadoras internacionales no analizan únicamente el nivel de endeudamiento, sino también la capacidad de pago, la institucionalidad, la corrupción, la previsibilidad y la calidad de la información que el país proporciona a los inversionistas.

La deuda no registrada genera desconfianza
Benítez señaló que la principal alerta actual está relacionada con las obligaciones del Estado que todavía no estarían plenamente reconocidas dentro de las cuentas fiscales, entre ellas los atrasos con constructoras viales, farmacéuticas y vialeras, entre otras entidades privadas y públicas como el Instituto de Previsión Social (IPS).
“La transparencia de la información pública en cuanto al déficit fiscal se puso en duda en algún momento por toda esta deuda que, de alguna manera, está flotante, pero es deuda al fin.”
Según explicó, si las deudas pendientes no están incorporadas en los registros oficiales, los indicadores fiscales pueden mostrar una situación más favorable que la real. Esa diferencia genera incertidumbre sobre el déficit efectivo y el nivel total de compromisos asumidos por el Estado.
El economista indicó que, mientras las cifras públicas podrían situar ciertos desequilibrios entre el 2% y el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), la inclusión de obligaciones no registradas podría elevar significativamente ese resultado. Aclaró, sin embargo, que todavía no existe una cifra definitiva sobre el volumen total de la denominada deuda flotante.
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Menor confianza implica créditos más caros
Benítez advirtió que las dudas sobre las cuentas públicas pueden traducirse en mayores tasas de interés, plazos más cortos y condiciones menos favorables para futuras emisiones de deuda.
“Más desconfianza para nosotros es menos acceso a financiamiento para el desarrollo del país, mayor tasa de financiamiento que acabamos pagando todos y menor plazo de financiamiento.”
Explicó que el aumento del costo financiero no afecta únicamente al Gobierno. Finalmente, repercute sobre la ciudadanía mediante los impuestos, las restricciones presupuestarias o la necesidad de efectuar ajustes dentro del Estado. Además, señaló que una eventual pérdida de credibilidad podría afectar la llegada de inversiones, el acceso de las empresas al crédito y la capacidad del país para financiar infraestructura y políticas públicas.

La solución: transparentar obligaciones y definir un plan de pago
Para preservar la calificación soberana, Benítez consideró prioritario identificar con precisión cuánto debe el Estado, registrar esas obligaciones y establecer un mecanismo de pago sostenible.
“Hay algo que sí podemos hacer rápida y decididamente: ver realmente cuánto es la deuda flotante que tenemos, transparentar eso y hacer un plan de pago efectivo.”
El economista sostuvo que este proceso requerirá coordinación entre el sector público, el sector privado y los actores políticos, especialmente durante la preparación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027.
El desafío es conservar la credibilidad obtenida
Benítez reconoció que el grado de inversión es resultado de más de dos décadas de estabilidad y políticas macroeconómicas sostenidas. Sin embargo, advirtió que alcanzar esa categoría no garantiza su permanencia.
“Paraguay viene demostrando calidad, seriedad y credibilidad. Hay que cuidar eso y tratar de poner en orden lo antes posible todo lo que conversamos.”
Concluyó que el país todavía se encuentra lejos de una crisis fiscal severa, pero debe corregir las debilidades antes de que los atrasos se acumulen y terminen afectando su reputación en los mercados internacionales.
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