Estela Ayala, docente y gremialista, denunció graves irregularidades en la implementación del programa de merienda escolar en instituciones públicas, señalando la falta de infraestructura adecuada y problemas en la calidad de los alimentos entregados a los alumnos.
«Prácticamente el cien por cien de las instituciones públicas están hoy sumergidas en lo que es este programa sin que el Gobierno nacional ni el Ministerio de Educación hayan tomado los recaudos pertinentes», afirmó Ayala. Explicó que solo el 35% de las escuelas públicas cuentan con comedores y cocinas en condiciones adecuadas para brindar una alimentación higienizada a los niños.
La docente relató que, debido a la falta de infraestructura, los niños deben consumir sus alimentos en los pasillos, debajo de tinglados o en espacios improvisados. «Esos niños sufren comiendo con 40 grados de calor o en condiciones inadecuadas durante el frío. Además, las instituciones no cuentan con suficiente personal para garantizar un buen servicio», agregó.
Asimismo, Ayala informó sobre fallas en los productos entregados. «Nos encontramos con cajas de galletitas donde algunos paquetes venían incompletos. Al revisar, notamos que dentro de una misma caja había irregularidades en la cantidad de unidades por paquete. Esto no puede pasar en una empresa adjudicada por más de 5.000 millones de guaraníes», señaló.
Criticó la falta de planificación y capacitación previa para la implementación del programa. «Muchas instituciones reciben por primera vez el almuerzo escolar y ni siquiera se brindó capacitaciones a los directores y docentes. No se realizó ninguna reunión informativa ni se habilitaron canales oficiales para denuncias o consultas», denunció.
Ayala también manifestó su preocupación ante las amenazas de amonestaciones a docentes que denunciaron irregularidades. «Ahora se pretende callar las denuncias bajo amenazas. No vivimos en una dictadura, vivimos en un país con derecho a la libertad de expresión», enfatizó.
Finalmente, la docente instó a las autoridades a tomar medidas concretas y a dialogar con los actores involucrados. «Deben recorrer las instituciones educativas, conversar con docentes y directivos para solucionar los inconvenientes. No es cuestión de amenazar, sino de trabajar en conjunto para mejorar la calidad de la alimentación de nuestros niños», concluyó.
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