La diputada liberal Dalia Estigarribia explicó que la Cámara de Diputados aprobó dos iniciativas destinadas a reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes. Una extiende la asistencia económica a menores sin vínculo biológico con el agresor; la otra busca eliminar la excepción que permite casarse desde los 16 años.
La Cámara Baja le dio media sanción a dos propuestas legislativas vinculadas con la protección de niños, niñas y adolescentes: la ampliación de la asistencia económica para víctimas indirectas de feminicidio y la eliminación de las excepciones legales que permiten el matrimonio antes de los 18 años.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, la diputada por el departamento Central, Dalia Estigarribia (PLRA), explicó los alcances de ambas iniciativas, las deficiencias que buscan corregir y los desafíos pendientes en materia de protección infantil.
Pensión de 15 jornales: buscan incluir a hijos de crianza y adoptados
La primera iniciativa modifica el artículo Nº 1 de la Ley N.º 7349/2024, “de pensión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio u homicidio de su progenitor en un contexto de violencia familiar”. Estigarribia añadió que la legislación vigente contiene una limitación que condiciona el acceso al beneficio a la existencia de un vínculo de sangre con el autor del crimen, dejando afuera fuera a menores que convivían con la víctima y dependían de ella, pero no son descendientes biológicos del agresor.
“Excluía a los hijastros, a hijos adoptados, entonces lo que quisimos hacer con esto es incluirles a ellos”.
¿Hasta qué edad se recibiría la asistencia económica?
La pensión mencionada por la legisladora equivale a 15 jornales mínimos mensuales y se contempla hasta los 18 años para los menores beneficiarios. En el caso de personas con discapacidad, la cobertura es de carácter vitalicio.
La protección no se limita a una transferencia económica, también comprende acompañamiento psicológico, atención de salud y seguimiento de las condiciones de vida de los beneficiarios. El objetivo es contribuir a que los menores afectados puedan continuar sus estudios y desarrollarse en un entorno familiar que garantice sus derechos.
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¿Quién pagará las pensiones y cómo se otorgarán?
Uno de los puntos abordados fue el financiamiento de la asistencia, revisado a partir del artículo Nº 6 que establece la intervención de un juez competente, encargado de verificar los requisitos legales e individualizar a la persona beneficiaria y a quien asumirá su cuidado.
Los recursos corresponden al presupuesto del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA). Ese acompañamiento incluye aspectos relacionados con educación, salud y contención psicológica.
Buscan prohibir el matrimonio con menores de 18 años
La segunda iniciativa aprobada por Diputados pretende impedir que personas menores de 18 años contraigan matrimonio. La legislación actual contempla una excepción que permite el matrimonio desde los 16 años con autorización judicial o de los padres, mientras que la nueva propuesta busca suprimir esa posibilidad y establecer los 18 años como edad mínima sin excepciones.
La legisladora cuestionó que se permita el matrimonio adolescente, especialmente teniendo en cuenta que puede estar relacionado con situaciones de embarazo temprano, presión familiar y condiciones de vulnerabilidad económica.
Observaciones internacionales impulsaron el proyecto
Estigarribia relató que la iniciativa surgió después de participar de un foro de Naciones Unidas en Ginebra, donde organismos internacionales cuestionaron las disposiciones paraguayas sobre matrimonio adolescente y otras prácticas que afectan los derechos de la niñez.
La diputada mencionó que trabajó en la propuesta junto con la diputada Johanna Ortega, con acompañamiento de organizaciones internacionales y campañas de sensibilización.
Embarazo adolescente: el desafío que sigue pendiente
Aunque valoró la aprobación del proyecto, Estigarribia reconoció que prohibir el matrimonio antes de los 18 años no resuelve por sí solo los problemas que afectan a la infancia. Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la educación, la prevención del embarazo adolescente, la atención sanitaria y el acompañamiento a las familias.
“La protección integral de las personas menores de 18 años no es una opción, sino una obligación del Estado, de la familia en su conjunto, de la sociedad”.
También sostuvo que, ante un embarazo adolescente, la respuesta institucional debe concentrarse en garantizar derechos y no en promover el matrimonio como solución.
Con ambas propuestas sancionadas en la Cámara Baja, ahora el debate pasa a tratarse en Cámara de Diputados.
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