En un contexto de creciente presión política y ciudadana, el diputado Raúl Benítez ha instado al Poder Ejecutivo a destituir a tres altos funcionarios vinculados a presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Se trata de Liliana Alcaraz, Marco Alcaraz y Jalil Rachid, quienes, según el legislador, deberían abandonar sus cargos de manera inmediata debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado y el lavado de dinero.
Una declaración no vinculante pero con un fuerte mensaje
El legislador enfatizó que la declaración presentada en el Congreso Nacional no es vinculante, pero constituye una herramienta constitucional para enviar un mensaje claro al Ejecutivo. «El presidente Santiago Peña puede tomar la decisión de destituirlos o no, pero el Congreso tiene la responsabilidad de fijar postura sobre estos hechos de suma gravedad«, afirmó Benítez.
Los funcionarios señalados y sus presuntas implicancias
Raúl Benítez señaló que Liliana Alcaraz, exsecretaria de Prevención de Lavado de Dinero, debería ser apartada por supuestamente haber recibido apoyo de Lalo Gómez, empresario vinculado al narcotráfico, para ser presidenta de la Asociación de Fiscales. «Le puso la estructura y hasta le regaló un hotel para su campaña», denunció.
Por otro lado, Marco Alcaraz, exfiscal adjunto antidrogas y actual ministro de Inteligencia, también está en la mira. «Si no sabía que Lalo Gómez era narcotraficante, entonces no es apto para la inteligencia del Estado. Y si lo sabía, es parte del crimen organizado», sostuvo el diputado.
En cuanto a Jalil Rachid, secretario nacional antidrogas, Benítez señaló que su permanencia en el cargo es insostenible debido a sus presuntas conexiones con la estructura delictiva de Gómez. «Ya nos dio señales llamativas anteriormente, y ahora se confirma que su gestión es incompatible con la lucha contra el narcotráfico», agregó.
Manifestación ciudadana contra la impunidad
Como parte de las acciones para exigir transparencia, se ha convocado a una manifestación ciudadana frente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. «A las 18:00 horas nos encontraremos para demostrar que la ciudadanía está atenta y exige justicia», afirmó Benítez. Asimismo, instó a la población a cuestionarse: «¿Quién está mejor hoy, los ciudadanos o los mafiosos?»
Una auditoría como medida urgente
El diputado también exigió una auditoría exhaustiva sobre las decisiones tomadas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. «Orlando Arévalos nunca votó solo, el jurado es un colegiado y hay que analizar su rol y el de los demás miembros en cada caso», sostuvo.
Hacia un cambio real en la institucionalidad del país
Finalmente, Benítez advirtió que el cambio debe ser estructural y no meramente cosmético. «No se trata de poner a otro coloradista a dedo. Se necesita un acuerdo político serio para elegir representantes comprometidos con la transparencia y la justicia», sentenció.
La crisis institucional que atraviesa Paraguay pone a prueba la voluntad del gobierno de Santiago Peña para enfrentar la corrupción y el crimen organizado. La manifestación convocada será un termómetro de la indignación ciudadana y una muestra de si la sociedad está dispuesta a exigir cambios concretos en la administración de justicia.
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