El abogado Derlis Martínez sostuvo que la Fiscalía no logró demostrar la existencia de facturas falsas ni la falta de entrega de kits alimentarios durante la pandemia. Explicó que el tribunal advirtió sobre una posible ampliación de la calificación jurídica y anticipó que la defensa presentará proveedores, beneficiarios y representantes de organizaciones que participaron en la distribución.
La defensa de Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, cuestionó la acusación fiscal en el caso Tía Chela y aseguró que cuenta con documentos, fotografías, videos y testigos para demostrar que los kits alimentarios adquiridos por la Municipalidad de Ciudad del Este durante la pandemia fueron entregados.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, el abogado Derlis Martínez sostuvo que existen inconsistencias entre los hechos relatados por el Ministerio Público y la calificación jurídica presentada en el juicio oral. También explicó el alcance de la advertencia formulada por el tribunal sobre la posible incorporación del delito de producción de documentos no auténticos.
¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Tía Chela?
El proceso se relaciona con la adquisición de alimentos destinados a familias afectadas por las restricciones económicas durante la pandemia de COVID-19, en 2020. Según explicó Martínez, la Municipalidad de Ciudad del Este contrató a la empresa Tía Chela para proveer los primeros 25.000 kits alimentarios, en un operativo que se amplió mediante otras contrataciones.
El abogado señaló que el contrato investigado ascendía a aproximadamente G. 2.900 millones. La Fiscalía sostiene que la empresa entregó productos por poco más de G. 800 millones, lo que habría ocasionado un perjuicio patrimonial cercano a G. 2.100 millones, debido a que la Municipalidad habría pagado el monto total contratado.
Martínez afirmó que la hipótesis fiscal cambió durante la investigación: inicialmente se habría sostenido que no existió entrega alguna y después que los productos fueron suministrados solo parcialmente. La defensa rechaza ambas interpretaciones y sostiene que la provisión fue completa.
Facturas cuestionadas y una advertencia del tribunal
Uno de los puntos centrales de la controversia es la presunta utilización de facturas falsas o correspondientes a proveedores ficticios.
Martínez cuestionó que la Fiscalía haya incorporado esas afirmaciones en su relato sin incluir inicialmente una imputación por producción de documentos no auténticos. El Tribunal de Sentencia advirtió a los acusados que esa calificación jurídica podría considerarse durante el juicio, a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa.
El abogado aclaró que la advertencia surgió por iniciativa del tribunal y no constituye una modificación de la acusación solicitada por el Ministerio Público ni un adelanto de sentencia.
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La defensa afirma que los proveedores confirmaron las facturas
El abogado sostuvo que uno de los elementos relevantes del expediente es un análisis de trazabilidad realizado durante la investigación. Siguiendo una trazabilidad, Tía Chela presentó documentación sobre las compras de productos y posteriormente se requirió información a sus proveedores para verificar las operaciones.
“Todos los proveedores de Tía Chela confirmaron haber emitido las facturas que ésta presentó ante la DNIT”.
El defensor cuestionó que la Fiscalía interpretara determinadas diferencias entre las fechas de facturación y entrega como indicios de irregularidades, sin considerar que una operación comercial puede facturarse después de la entrega de los productos. También afirmó que el informe de trazabilidad contiene datos verificados, pero no conclusiones que respalden las interpretaciones del Ministerio Público.
Planillas, fotografías y testigos para acreditar las entregas
Martínez aseguró que la defensa dispone de planillas con nombres, números de cédula y firmas de beneficiarios, además de fotografías y grabaciones sobre la recepción, preparación y distribución de los kits. Las entregas se organizaron con participación de representantes de iglesias católicas y evangélicas en distintos barrios de Ciudad del Este.
Entre los testigos ofrecidos mencionó a aproximadamente 50 sacerdotes y pastores, además de proveedores, beneficiarios, bomberos, militares y referentes de la sociedad civil. También cuestionó que la Fiscalía no hubiera tomado declaración a los proveedores durante la etapa investigativa.
“Nosotros tenemos una montaña de pruebas que van a aplastar a la acusación”.
Beneficiarios observados por la Fiscalía declararán en el juicio
Otro punto abordado durante la entrevista fue un informe policial sobre aproximadamente 20 personas incluidas en las planillas de beneficiarios cuyos domicilios registrados no correspondían a Ciudad del Este. La Fiscalía utilizó esa información para cuestionar la autenticidad de determinados registros de entrega, pero sostuvo que una persona puede residir en una ciudad diferente de la consignada en sus documentos.
Según afirmó, la defensa logró localizar a una parte importante de esas personas y las ofreció como testigos para que declaren sobre la recepción de los alimentos y la autenticidad de sus firmas, cuyos testimonios serán presentados después.
Martínez informó que el juicio oral se desarrolla, por el momento, con una audiencia semanal, que podría extender el juicio hasta abril o mayo de 2027. Actualmente se encuentran en la etapa de producción de pruebas documentales y esperan avanzar hacia las declaraciones testificales.
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