La abogada sostuvo que la investigación debe determinar si recursos públicos del MITIC, Itaipú, PNUD u otras instituciones fueron utilizados para financiar campañas sucias dedicadas a atacar a opositores, dirigentes y medios críticos en redes sociales. También pidió que la Fiscalía cite a la ciudadana venezolana Yecika Bracho, vinculada a otro expediente relacionado con el caso.
La abogada Cecilia Pérez afirmó que la denuncia presentada ante el Ministerio Público busca determinar si se utilizaron fondos públicos para financiar campañas de desprestigio y contenidos contra personas críticas al Gobierno, llamadas también La Red Desinformante.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, explicó primeramente que la investigación impulsada por ella se encuentra separada de la querella privada relacionada con el empresario Cristian Chena, pero la Fiscalía puede solicitar información de ese expediente y citar a la venezolana Yecika Bracho y otros que eventualmente puedan aportar datos relevantes.
Contexto. Chena inició acciones legales porque fue blanco de ataques y difamaciones dirigidas contra su medio y persona a través de redes como Despierta Paraguay (DPY), que forma parte de esta Red Desinformante. La investigación permitió encontrar a Bracho, una venezolana vinculada al número de telefono de DPY que recientemente firmó un acuerdo de conciliación con el empresario a fin de revelar información sobre el modus operandi de estas campañas digitales.
“La importancia de nuestro caso es determinar si se usaron o no fondos públicos para hacer campaña, para hacer la campaña sucia a través de esas páginas”.
Pérez señaló que la denuncia no se limita a una sola página y afirmó que entregaron al Ministerio Público información sobre diferentes espacios digitales investigados.
Piden citar a ciudadana venezolana y analizar información disponible
La abogada indicó que solicitarán formalmente a la Fiscalía que cite a Bracho, mencionada durante el desarrollo del proceso judicial de Chena, para que declare sobre la información que pudiera poseer.
“Nosotros le vamos a pedir a la Fiscalía que le cite a esta persona y que le pida toda la información que esta persona tenga al respecto”.
El objetivo es incorporar al expediente cualquier dato que permita reconstruir cómo fueron administradas las páginas y, principalmente, quién financió las publicaciones.
“Nuestro interés es que se siga el camino del dinero”
Para Pérez, el aspecto central de su caso debe ser identificar el origen de los recursos utilizados para pagar publicaciones y pautas digitales.
“Nuestro interés es que se siga el camino del dinero para que se pueda determinar”.
Según explicó, parte de la información vinculada a publicidad pagada en plataformas digitales debería permanecer registrada, incluso cuando una página o publicación sea eliminada.
“Hacer propaganda negativa o atacarle a personas, en este caso disidentes, políticos, opositores y medios críticos al gobierno con plata pública es lo que constituiría delito”.
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Señala posible triangulación de recursos
La abogada mencionó convenios del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) con Itaipú, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras entidades. Según su planteamiento, corresponde investigar si los recursos asignados legalmente para estas campañas terminaron siendo utilizados para una finalidad distinta, en cuyo caso constituye lesión de confianza.
Además algunas de las páginas investigadas aparecían, de manera alternada, contenidos vinculados a programas gubernamentales como Hambre Cero y Sumar, junto con publicaciones críticas o agresivas contra dirigentes políticos y referentes de medios.
Cuestiona manejo de información del Ministerio Público
Pérez también criticó la forma en que, según afirmó, el Ministerio Público administra el acceso a la información en determinadas causas de contenido político. Existen diferencias en si se da o no información a los denunciantes dependiendo del expediente y mencionó como referencias el caso Pecci y el denominado caso de las filtraciones.
“Es una postura selectiva, que se da para ciertos casos donde hay influencia política o donde hay sospechosos vinculados al gobierno”.
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Pide protección preventiva para testigo
La abogada sostuvo además que la ciudadana venezolana debería contar con garantías de protección, particularmente por su condición de refugiada en Paraguay.
“Es responsabilidad del gobierno que a ella no le pase nada y que no sea expulsada falsamente revocándole su condición de refugiada”.
Mencionó de ejemplo a Fernando Cerimedo, un argentino investigado por intento de feminicidio a su novia, desinformación y ataques coordinados en redes sociales, y sostuvo que existen similitudes entre su caso y el de La Red Desinformante que deberían ser consideradas.
Advierte riesgos de herramientas de vigilancia
Por último, Pérez también se refirió a tecnologías de intervención de comunicaciones y recordó cuestionamientos previos por la adquisición de determinados equipos para el Estado. Por ejemplo el IMSI Catcher, un dispositivo de investigación electrónica que se hace pasar por una torre de telefonía móvil para interceptar y recolectar datos de todos los teléfonos móviles encendidos en su radio. Por lo que la abogada remarcó que cualquier intervención de comunicaciones debe respetar las garantías constitucionales y contar con autorización judicial.
“Al comprarse este tipo de aparatos y usarse para ´trabajos de inteligencia´ uno pierde absolutamente el control porque un órgano en el cual no se tenga cien por ciento de credibilidad claramente puede utilizarlo con la excusa de la inteligencia en un esquema de espionaje político.”
Escuchá la entrevista completa:
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