A 37 años del derrocamiento de la dictadura de Alfredo Stroessner, las víctimas y excombatientes civiles de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989 continúan reclamando la indemnización económica prevista en una ley ya sancionada y reglamentada, pero cuya implementación avanza con lentitud. Así lo expresó Víctor Colmán, presidente de la Asociación de Víctimas del 2 y 3 de febrero, en una entrevista radial concedida a Central Radio 1140 AM.
Colmán señaló que, pese a las movilizaciones realizadas y a los compromisos asumidos por el Estado, hasta la fecha no se ha concretado ningún pago, ni siquiera un reconocimiento simbólico. “Absolutamente no hemos recibido nada, ni siquiera las gracias”, afirmó, al recordar que varios de los excombatientes arrastran secuelas de salud y carecen de asistencia médica adecuada.
Qué establece la ley y en qué punto está el proceso
La normativa vigente reconoce una indemnización equivalente a 750 jornales mínimos para cada beneficiario. Con el jornal actual de ₲ 111.502, el monto asciende a aproximadamente ₲ 83 millones por persona. Según explicó Colmán, la reglamentación ya fue firmada por el Presidente de la República, y el expediente se encuentra ahora en instancias administrativas de dos ministerios, donde se revisan listados y antecedentes para determinar a quiénes corresponde el pago.
“Entendemos que no es sencillo separar las cuestiones y verificar a quiénes les corresponde”, dijo Colmán, aunque subrayó que el proceso “va lento”. De acuerdo con su relato, se están revisando tarjetas y documentos, algunos ya en condiciones de ser firmados por el Ministerio de Defensa para avanzar a la siguiente etapa.
Reclamo histórico y deuda del Estado
El dirigente recordó que, a lo largo de estas casi cuatro décadas, no hubo resarcimiento alguno para quienes participaron activamente en los hechos que pusieron fin al régimen autoritario y abrieron el camino a la vida democrática e institucional del país. “Tenemos camaradas con enfermedades severas que no recibieron ni un medicamento”, sostuvo.
Las movilizaciones realizadas el año pasado, explicó, lograron modificaciones y precisiones en la normativa, pero no se tradujeron todavía en desembolsos efectivos. Para la Asociación, el reclamo no es solo económico: también busca reconocimiento y reparación por una deuda histórica que, aseguran, el Estado paraguayo aún no saldó.
El reclamo se reactualiza cada febrero, cuando el país recuerda los hechos del 2 y 3 de febrero de 1989. Para las víctimas, la demora en la indemnización contrasta con el significado histórico de aquella gesta y con el paso del tiempo: muchos beneficiarios envejecen o fallecen sin ver cumplida la reparación prometida.
Colmán afirmó que seguirán dialogando con las autoridades y manteniendo visible el reclamo “para volver a estar con ustedes”, en referencia a los medios y a la ciudadanía, hasta que el proceso administrativo se traduzca en pagos concretos.
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