La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal celebró la puesta en marcha del Registro Nacional de Agresores de Animales — creado por la Ley N.º 7513, pero advirtió que la eficacia real del sistema depende de que el Ministerio Público acelere investigaciones y juicios en hechos graves.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, Luis Rubín, director de Defensa Animal, sostuvo que el RAGAN surge ante una carencia histórica: sin una base consolidada, el Estado no podía dimensionar con precisión la reincidencia, el volumen de sanciones y el estado de los procesos. Según explicó, el registro busca dar soporte a instituciones como la Policía y el Ministerio Público, además de ordenar datos para prevenir nuevos hechos y mejorar la trazabilidad de las respuestas estatales.
La Ley N.º 7513, sancionada el 15 de julio de 2025 y promulgada el 19 de agosto de 2025, establece expresamente la creación del RAGAN como herramienta para registrar y monitorear a personas procesadas o condenadas por hechos graves de maltrato y crueldad. En la misma normativa se fortalecen sanciones, con penas que pueden llegar hasta 6 años cuando el hecho culmine en la muerte del animal, además de consolidar competencias de la autoridad de aplicación.
Rubín también enfatizó un punto operativo clave: el RAGAN no será un registro de libre acceso público, sino que funcionará bajo esquemas de solicitud,en una lógica comparable a la obtención de antecedentes, para evitar un uso discrecional de datos sensibles. Este enfoque busca compatibilizar control y prevención con criterios de resguardo de información personal.
Rubín afirmó que la Dirección ya aplicó sanciones administrativas en casos leves y moderados, pero que los hechos “extremadamente graves” o aquellos que derivan en muerte dependen de la actuación del Ministerio Público y del sistema judicial. En ese marco, lanzó la frase más contundente del diálogo: “Mientras ellos están estudiando, hay 300 carpetas con asesinos en la calle”, al reclamar celeridad en la tramitación de expedientes.
Como antecedente, citó un caso ocurrido en Villa Hayes, en el que, según su relato, se dictó prisión preventiva y luego una condena, además del pago mensual a una organización de rescate, aunque sostuvo que se trata de situaciones excepcionales y que la mayoría de las causas no avanza al ritmo esperado.
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