El Registro Unificado Nacional (RUN) comenzó a regir desde hoy en Paraguay, en un contexto marcado por cuestionamientos del sector notarial, preocupaciones sobre tasas, procesos de digitalización incompletos y advertencias sobre posibles impactos en la seguridad jurídica y la inversión. La escribana Katia Ayala, presidenta del Colegio de Escribanos del Paraguay, expuso los principales reparos en diálogo con Central Radio 1140 AM.
El Registro Unificado Nacional (RUN) entra oficialmente en vigencia en Paraguay, con el objetivo de unificar en una sola estructura distintos registros públicos inmobiliarios, automotores, marcas y señales, catastro y otros registros especiales, y avanzar progresivamente hacia la modernización administrativa del Estado.
El inicio del sistema se produce en un clima de incertidumbre, polémica y fuertes críticas del sector notarial, que advierte sobre falencias técnicas, falta de participación en el proceso de diseño normativo y riesgos en la implementación práctica.
“Es un poco tarde ya llorar sobre la leche derramada. La ley ya existe. En su momento nosotros estuvimos peleando en los diferentes poderes del Estado, solicitando reuniones, notas, cosas que nunca fueron dadas”, expresó la escribana Katia Ayala.
Unificación amplia, desafíos operativos.
El RUN integra ahora áreas que antes funcionaban con distintos niveles de autonomía, como el Registro del Automotor, Catastro, registros inmobiliarios y registros especiales. Para Ayala, este proceso implica una complejidad administrativa significativa.
Si bien reconoció que la ley prevé una transición gradual, manteniendo todavía procesos físicos mientras la tecnología se fortalece, advirtió que la realidad actual sigue siendo lenta y burocrática. “Todavía vamos a seguir un tiempo en este camino tortuoso de reclamos, hasta que el sistema se robustezca tecnológicamente”, señaló.
La escribana también remarcó la necesidad de garantizar estándares de seguridad digital. “Los instrumentos públicos no pueden simplemente escanearse. Deben estar digitalizados con garantías de seguridad, confidencialidad y protección de las partes”, advirtió.
Impacto en ciudadanos, inversiones y seguridad jurídica.
Más allá de las tensiones institucionales, Ayala alertó sobre el impacto que una implementación deficiente podría tener sobre los ciudadanos y el clima de inversiones.
“El peor perjudicado no va a ser el funcionario, van a ser los ciudadanos, los consumidores, el país. Las inversiones pueden verse afectadas si el sistema no genera confianza”, advirtió.
En ese sentido, remarcó que la seguridad jurídica depende de procesos claros, previsibles y transparentes, especialmente en materia registral y de propiedad.
“Vemos esto con esperanza, honestamente, pero pedimos que se hagan las cosas desde ahora como corresponde y que no se repitan errores anteriores”, señaló.
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