En entrevista con Central Radio 1140 AM, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, sostuvo que Paraguay no replica experiencias externas como el modelo Bukele, sino que impulsa un modelo propio de gestión penitenciaria, adaptado a la realidad e idiosincrasia del país. “Paraguay no adopta ningún modelo extranjero”, enfatizó, al explicar que pueden existir similitudes doctrinarias o jurídicas, pero que “lo que funciona en un país puede no funcionar en otro”.
Nicora marcó el 18 de diciembre de 2023 como fecha clave para el reordenamiento del sistema, al mencionar el Operativo Veneratio como un procedimiento “sin precedentes”, al que siguieron otros seis operativos con resultados que calificó como exitosos. Según relató, Veneratio implicó una acción coordinada de gran escala: mil efectivos de la Fuerza Armada, mil quinientos policías y 46 ómnibus de traslados internos, en un contexto donde se retiró a cientos de personas privadas de libertad del perímetro intervenido.
El ministro explicó que el objetivo fue recuperar control penitenciario y enviar un mensaje claro: “El Estado paraguayo no va a negociar con organizaciones”, en referencia a la lucha contra el crimen organizado dentro de las cárceles.
Tres ejes del nuevo modelo: infraestructura, tecnología y capital humano.
- Infraestructura.
- Tecnología como soporte de la infraestructura.
- Capital humano como valor decisivo.
Advirtió que sin integridad y profesionalización del personal, “tenemos el mismo problema de siempre”. Indicó además que ya se formaron 500 nuevos agentes penitenciarios bajo un esquema alineado al modelo de gestión que impulsa el Ministerio.
El ministro explicó que por primera vez se habilitó un régimen de máxima seguridad o “módulo cerrado especial”, con reglas más estrictas para perfiles de alto riesgo. Describió un régimen de 22 horas en celda individual y 2 horas diarias en un cubículo para caminar o ejercitarse, subrayando que esta modalidad solo es posible con infraestructura adecuada.
Reincidencia: el 70% vuelve en dos años.
Afirmó que “siete de cada diez” personas que cumplen condena regresan al sistema penitenciario en un promedio de dos años, lo que calificó como un indicador “alto, muy alto”.
Para el ministro, la cárcel es reflejo de la presencia o ausencia de políticas públicas. En esa línea, vinculó la reincidencia a trayectorias previas marcadas por falta de oportunidades, consumo de drogas, baja escolaridad y fragilidad económica, y destacó programas estatales orientados a primera infancia, alimentación escolar y becas como parte de una estrategia de largo plazo para reducir criminalidad.
Adicciones: unidad de tratamiento para jóvenes en conflicto con la ley.
Dentro del Plan Sumar, Nicora indicó que en diciembre de 2025 se inauguró una unidad integral de tratamiento de adicciones para jóvenes en conflicto con la ley penal. Detalló que el abordaje contempla deshabituación, desintoxicación y rehabilitación, con equipos interdisciplinarios (trabajo social, psicología, psiquiatría, personal de salud y agentes educadores) y condiciones para afrontar la abstinencia inicial.
Al referirse a la reinserción, explicó que se impulsaron cambios para estimular estudio, capacitación y trabajo, con incentivos concretos en reducción de pena. Puso como ejemplo a internos que culminan estudios con el MEC o realizan cursos del SNPP/SINAFOCAL, y mencionó convenios con municipalidades y gobernaciones para trabajos extramuros (aseo urbano, plazas, mingas ambientales), citando un caso con la Municipalidad de Lambaré donde internos colaboraron con mejoras y mantenimiento.
Sobre sectores más vulnerables dentro del sistema, el ministro sostuvo que el pabellón conocido como “Camboya” en Tacumbú ya no existe, aunque reconoció que siguen existiendo espacios con personas “olvidadas” y sin acompañamiento familiar en otros centros. En ese marco, señaló tres líneas de apoyo: iglesias, programas laborales con empresas privadas, y convenios con universidades para formación.
Aun así, admitió que el sistema está lejos de resolverse: mencionó hacinamiento como problema estructural y dio una cifra: 19.560 personas privadas de libertad en un sistema con capacidad para 12.000.
También advirtió sobre el avance del policonsumo y el deterioro acelerado asociado a drogas como la cocaína fumable (“chespi”), señalando que el problema de drogas es un factor transversal que agrava la conflictividad penitenciaria.
