Federación de Trabajadores del Transporte (FETRAT) anunció que evalúa una huelga nacional del transporte público entre los meses de marzo y abril, como respuesta a la promulgación de la Ley de Reforma del Transporte Público.
Así lo confirmó Gerardo Giménez, presidente de la FETRAT, en entrevista con Central Radio 1140 AM, donde sostuvo que trabajadores, usuarios y empleadores fueron excluidos del proceso de elaboración de la norma, pese a que la ministra de Obras Públicas había anunciado que los “verdaderos actores del sistema” serían parte del debate.
“La ley se hizo dentro de cuatro paredes. Fuimos ignorados y marginados. No participaron ni los trabajadores, ni los usuarios, ni los empresarios”, afirmó.
Servicio “esencial” y derecho a huelga.
Uno de los puntos más cuestionados por el gremio es que la reforma refuerza la categoría del transporte como servicio esencial, lo que, según Giménez, limita de forma significativa el derecho a la huelga.
Actualmente, incluso antes de la nueva ley, el sistema opera con un nivel de circulación estimado entre el 50% y 60% de las unidades, lo que ya reduce el impacto de eventuales medidas de fuerza.
“Con esta ley prácticamente se elimina el derecho a huelga. El transporte pasa de esencial a imprescindible, y eso nos ata de pies y manos”, sostuvo el dirigente.
Tres acciones en evaluación.
Desde la FETRAT señalan que la huelga sería la última instancia, y que antes se encuentran en proceso de preparar otras dos acciones formales:
- Denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por presunta violación de convenios ratificados por Paraguay sobre libertad sindical y derecho a huelga.
- Acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, cuestionando artículos de la ley que afectarían derechos laborales.
- Huelga general nacional, coordinada con centrales obreras, prevista tentativamente para marzo o abril, si no se revisa el marco legal.
El gremio también cuestiona que, según expresiones de legisladores y autoridades técnicas, la propia ley no sería aplicable en el corto plazo, debido a la falta de infraestructura, financiamiento y reglamentación.
Especialistas y representantes empresariales, como la Cámara de Empresarios del Transporte (CETRAPAM), han señalado que los cambios estructurales prometidos por la ley podrían demorar hasta cinco años en materializarse.
Desde el sector sindical también se expresó preocupación por el destino de los fondos previstos para la renovación de flota, incluidos los proyectos de buses eléctricos, y la eventual contratación de créditos por montos cercanos a USD 300 millones.
Si bien el dirigente no presentó acusaciones formales, sostuvo que el debate público debe incluir transparencia sobre inversiones, licitaciones y modelos de financiamiento.
