Pedro Coronel, de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, valoró la ley sancionada que obliga a deudores a devolver pagarés cancelados, pero advirtió que la medida no resuelve el origen del problema. Cuestionó la falta de aplicación de normas vigentes, afirmó que existen decenas de miles de embargos irregulares y acusó al Poder Legislativo y al Judicial de no atacar el fondo de la crisis.
El representante de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, Pedro Coronel, sostuvo que la sanción de la ley “Que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador», constituye un avance, pero no soluciona el núcleo del problema denunciado por miles de afectados.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, Coronel afirmó que la medida puede ser útil en condiciones normales, aunque considera que en Paraguay todavía persisten fallas estructurales que permiten abusos en el origen, cobro y ejecución de las deudas.
“Constituye también una distracción para que se pueda ocultar o, bueno, no tratar el tema central, que es el fondo de la cuestión, sería: ¿Cómo buscar erradicar esta Mafia de los Pagarés?”.
“Las leyes son lindas, pero los que aplican lo desconocen o desobedecen”
Coronel explicó que la nueva normativa obliga a que, una vez cancelada una deuda, el acreedor devuelva el pagaré al cliente.
“Yo voy y pago mi cuenta y ellos me dan mi pagaré en ese momento”.
Sin embargo, cuestionó cómo se aplicará ese mecanismo en casos de descuentos automáticos vía instituciones públicas, embargos judiciales o personas que viven en el interior y no pueden trasladarse hasta la capital para retirar sus documentos. También señaló problemas en la aplicación de la Ley 7.614 de emergencia judicial, que establece los mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro en guaraníes.
“Las leyes son lindas, pero los que aplican lo desconocen o desobedecen, y ahí está el Poder Judicial”.
Denuncian miles de embargos irregulares
Coronel sostuvo que uno de los principales problemas sigue siendo la falta de un órgano de control efectivo.
“Es porque no hay un órgano de control, están las expresiones lindas, pero no existe ese órgano de control, entonces si la víctima otra vez no mueve, no realiza una serie de burocracias, se termina la ley como una letra muerta nuevamente”
Afirmó que continúan existiendo “miles y miles, decenas de miles de embargos irregulares” y que la aplicación inmediata de las leyes resulta difícil por la magnitud del problema. También cuestionó al Congreso Nacional por no escuchar suficientemente a las víctimas.
“Ellos plantean soluciones en base a un ideal que es un marco jurídico, ideal pero no real, no concreto, no aplicable a esta situación”.
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Preparan recurso colectivo ante la Corte
Coronel informó que la Coordinadora sigue trabajando con el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) en la preparación de un recurso colectivo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El objetivo es intentar suspender los embargos de manera más rápida mientras cada caso es posteriormente analizado.
“Hay razón jurídica y legal para que podamos presentar un recurso colectivo de modo a que se puedan suspender los embargos de manera más rápida, inmediata y después estudiarlos”.
“Es una razón política”
Todavía no cuentan con los votos necesarios para avanzar con el juicio político, pero Coronel sostuvo que algunos legisladores comienzan a comprender el reclamo.
“No es una razón intelectual lo que le atajan a ellos, es una razón política”.
Según su interpretación, una mayor presión social y política podría modificar esa situación. Más adelante elevó el tono de sus críticas y acusó a parlamentarios de responder a intereses externos. Además de que determinados legisladores actuarían en complicidad con sectores del Poder Judicial y bajo presión de intereses políticos y económicos.
“Los parlamentarios no deben tener patrones, pero nosotros entendemos y lo decimos: tienen patrones ahora”.
Coordinadora calcula una influencia de hasta 70.000 votos
Coronel sostuvo además que la lucha contra la denominada Mafia de los Pagarés tendrá una consecuencia electoral directa en las generales de 2028.
“Este grupo podría manejar más o menos 60 a 70 mil votos en promedio que pueda orientar hacia uno u otro lado en el 2028”.
La Coordinadora impulsa lo que denomina una campaña de “voto inteligente”, con la intención de evaluar el comportamiento de legisladores y dirigentes frente a los reclamos de las víctimas. Sin embargo, aclaró que el movimiento no pretende convertirse en un partido ni presentar candidaturas propias.
Casi 100.000 personas afectadas, según la Coordinadora
El representante afirmó que existen unas 17.000 familias afectadas y estimó que, considerando un promedio de cinco integrantes por hogar, la crisis alcanza a casi 100.000 personas.
“Los integrantes de las familias son casi 100.000 personas que están viviendo con hambre en nuestro país, sufriendo enfermedades, sufriendo despojos”.
Coronel concluyó que la Coordinadora continuará con acciones judiciales, presión legislativa y movilización social incluso después de 2028.
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