La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés valoró como un “alivio parcial” la reciente promulgación de la ley conocida como antimafia de los pagarés, pero advirtió que la norma no desmantela la estructura delictiva ni garantiza justicia para la mayoría de las personas afectadas. Así lo afirmó Pedro Coronel, integrante de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés.
Un avance limitado: alivio para algunos casos.
Coronel sostuvo que la ley representa un paso importante, especialmente para personas cuyos expedientes no existen o están desaparecidos, así como en casos con irregularidades evidentes, donde los jueces deben anular embargos de oficio.
Sin embargo, remarcó que la norma no resuelve el problema de fondo y que la mafia sigue operando dentro del sistema judicial.
Escepticismo sobre la aplicación efectiva.
Uno de los principales cuestionamientos de la coordinadora se centra en la aplicación real de la ley. Aunque la norma es imperativa, las víctimas dudan de que los juzgados la implementen correctamente debido a la persistencia de las mismas estructuras que permitieron el esquema de cobros irregulares.
Por ello, anunciaron que realizarán un seguimiento constante de los trámites iniciados por las víctimas en los próximos días.
Exigen investigación como crimen organizado.
Coronel afirmó que la promulgación de la ley implica un reconocimiento formal del Estado de la existencia de la mafia de los pagarés, lo que según dijo, obliga al Ministerio Público a investigar el caso como asociación criminal y crimen organizado.
Pidió la asignación de fiscales especializados y la conexión de los casos, ya que los embargos y expedientes presentan vínculos entre sí.
Sospechas de presiones internas en el Poder Judicial.
Coronel expresó desconfianza hacia la Corte Suprema de Justicia y señaló que existen indicios de presiones de ministros a jueces, incluyendo denuncias previas de ingreso irregular de expedientes “por la ventana”.
Según indicó, estas prácticas habrían provocado represalias contra funcionarios que denunciaron internamente las irregularidades.
La magnitud del problema: embargos múltiples por persona.
De acuerdo con la coordinadora, el promedio es de 12 embargos por persona, y en sectores vulnerables como comunidades indígenas el número puede ser aún mayor.
Indicó que, aunque algunas víctimas logran frenar uno o dos procesos, otros embargos continúan activos, por lo que el impacto real de la ley aún no se percibe.
Sobre la investigación penal, Coronel afirmó que existen pocos avances y que la presión de sectores empresariales y judiciales estaría frenando los procesos. Sostuvo que sin la complicidad judicial, el esquema no podría haberse sostenido.
Aunque reconoció que la sociedad ya identifica el problema y existe mayor empatía pública, Coronel señaló que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse a Asunción ni para seguir los procesos judiciales, lo que agrava la situación.
