Un análisis sobre el registro de títulos universitarios entre 2023 y 2026 expone que más de la mitad de las titulaciones expedidas en el país proviene de carreras sin acreditación vigente. Ante este escenario, la ANEAES derivó la documentación al Ministerio Público para verificar la validez documental y las prácticas formativas, con especial foco en carreras del área de la salud y de colegiación obligatoria.
Hallazgos clave: La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) presentó un informe técnico basado en el análisis de 138.256 títulos de grado registrados ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) entre enero de 2023 y octubre de 2026.
Cifras alarmantes: El documento revela que 71.093 títulos —equivalentes al 51,4% del total— corresponden a carreras que no contaban con acreditación vigente al momento de su registro, mientras que 48.059 títulos (34,8%) provienen de ofertas que jamás se presentaron a un proceso de evaluación.
Patrón de evasión: El informe advierte sobre un esquema sistemático de elusión de los controles de calidad, que incluye instituciones con acreditación vencida o denegada, carreras obligatorias ausentes de convocatorias plurianuales y ofertas que operan como inactivas en el catastro del CONES.
Impacto en áreas críticas: En el sector de la salud se detectaron 14.901 títulos sin acreditación vigente (5.075 de ellos sin antecedentes de evaluación), destacándose además que la carrera de Medicina registró 21.689 títulos en el periodo, de los cuales 5.314 carecían de respaldo de acreditación vigente.
Acciones legales e interinstitucionales: Mediante la Nota N.º 871/2026 firmada por el presidente de la institución, Dr. José Fernando Duarte Penayo, la ANEAES solicitó al Ministerio Público investigar la consistencia de los títulos y constancias de prácticas, requiriendo además informes al CONES y al MEC en el marco de los convenios de cooperación vigentes.
Alcance y prudencia: La agencia aclaró que los datos reflejan la situación de las carreras y no constituyen una atribución directa de responsabilidad penal ni implican que la totalidad de los títulos mencionados sean irregulares, poniendo a disposición sus bases técnicas para esclarecer los casos correspondientes.
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