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PLRA esperará investigación antes de expulsar a afiliada detenida por supuesto tráfico de armas

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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, expresó su preocupación ante la detención de la señora Graciela Ledesma, precandidata a concejal en Villa Elisa, quien se encuentra supuestamente vinculada a un caso de tráfico de armas.

El Pte señaló que este hecho pone en relieve la inquietud del partido ante la posibilidad de que futuras precandidaturas para las elecciones municipales del próximo año puedan estar involucradas en hechos de esta naturaleza. «Es preocupante el avance del crimen organizado, del narcotráfico, del tráfico de armas, de la corrupción generalizada del Estado. Son temas, evidentemente, que preocupan al partido», sentenció el titular del PLRA.

Si bien el caso de Ledesma es considerado «grave», el presidente manifestó que el partido no tomará una decisión apresurada respecto a la afiliación de la precandidata. La acción más severa que podría tomar el PLRA es la suspensión en su calidad de afiliada o la expulsión final del partido.

El líder partidario explicó que el proceso de desvinculación o retiro de la candidatura podría surgir desde la dirigencia local de Villa Elisa o el movimiento político al que pertenece Ledesma, quienes tienen la potestad de decidir si le permiten seguir formando parte de un equipo político. En la conducción nacional, la decisión correspondería al Directorio o al Tribunal de Conducta, pero requiere «cierto tiempo, ciertos días quizás, para informarnos más a profundidad del hecho».

Al ser consultado sobre los mecanismos de control del partido para revisar y verificar a los aspirantes a cargos públicos, Fleitas fue enfático en la dificultad de la tarea. «Es imposible que el partido esté verificando y que el partido esté determinando quién puede y no puede ser candidato si es que tal persona no está con una condena o un antecedente importante», sostuvo.

El presidente indicó que el único mecanismo efectivo es el que establece la ley: las inhabilidades del Código Electoral que impiden ser candidato a personas que estén condenadas por delitos o crímenes. Dada la magnitud de las elecciones municipales (fácilmente 2.000 o 3.000 precandidaturas), la revisión de antecedentes de cada uno de los postulantes resulta prácticamente inviable para la estructura partidaria.

Finalmente reiteró que la situación es grave para el país: «No estoy tratando de minimizar la gravedad del hecho… Nos preocupa como ciudadano. Es grave lo que está atravesando la nación en ese sentido».

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