El reconocido abogado Óscar Tuma abordó el controversial caso de su cliente, Alexandre Gomes, hijo de Lalo Gomes, y la acusación de lavado de dinero que ha generado un debate sobre los honorarios profesionales y los bienes de personas procesadas. Tuma defendió la legitimidad de su trabajo y criticó la postura de ciertos fiscales, advirtiendo sobre un peligroso precedente legal.
¿Cómo se cobran los honorarios a un acusado de lavado de dinero?
La gran pregunta, según el abogado Tuma, es cómo los profesionales pueden cobrar por sus servicios a personas bajo investigación por lavado de dinero. Si la dación de bienes o el pago en efectivo se considera lavado de dinero, los procesados se verían en un «estado de indefensión» y estarían obligados a recurrir a la defensa pública, careciendo del derecho a elegir a su abogado de confianza.
Tuma argumentó que esta posición fiscalista va «contra los principios constitucionales del derecho a la defensa, el derecho al trabajo y el derecho a percibir honorarios». El abogado enfatizó que, según la Constitución y fallos de la Corte, los honorarios de un profesional tienen un «cobro privilegiado», similar a la asistencia alimenticia, lo que les da prioridad sobre otros reclamos, incluso si los bienes están bajo medidas cautelares.
Transparencia y renuncia al caso
El letrado defendió su actuación, asegurando que su cobro se realizó con «total transparencia», emitiendo facturas y sin la intención de ocultar bienes. «Si eso hubiera sido su intención, lo hubiera transferido nomás a un amigo brasilero que ni siquiera iba a poder ser sometido a la justicia acá en el país», puntualizó.
Tuma también confirmó que presentó su renuncia al caso de Alexandre Gomes. Explicó que la decisión se debe a que el juicio oral, que estima durará cerca de un año, le demandaría una gran cantidad de tiempo y recursos, lo que le impide continuar sin percibir honorarios. Con los bienes de la familia bloqueados, su cliente se encuentra en una situación complicada, con dos únicas opciones: que alguien le preste el dinero o recurrir a un defensor público.
Un precedente peligroso
El abogado advirtió que aplicar esta premisa al caso Gomes podría sentar un precedente «nefasto» y abrir un «campo muy peligroso». Se preguntó por qué en otros casos mediáticos de lavado de dinero los abogados no son procesados por recibir honorarios, insinuando que se está haciendo «la vista gorda».
Tuma reiteró que no es su obligación preguntar a un cliente de dónde proviene el dinero que le paga, ya que, de lo contrario, «no podríamos trabajar» y no se podría defender a nadie. Para el abogado, la situación es absurda y va en contra de la lógica jurídica y de los derechos constitucionales.
