La vocera de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA), Griselda Yúdice, expresó su profunda preocupación ante la inminente huelga de transportistas anunciada para los días 25 y 26 de septiembre. Yúdice calificó la situación como una «negligencia del Gobierno» y una muestra de su «incapacidad de escuchar» a los trabajadores y a la ciudadanía.
La vocera de OPAMA destacó el impacto devastador que un paro de transporte tendría en la población, especialmente en las familias de escasos recursos y los trabajadores informales. «Demasiadas familias trabajadoras y estudiantes dependemos de la movilidad del transporte público», afirmó, subrayando que para muchos, «la recaudación diaria depende de que puedan comer ese día».
Una Ley “Antihuelga” y la Falta de Diálogo
Según Griselda Yúdice, la raíz del conflicto reside en un artículo de la ley de reforma del transporte, que los sindicatos de choferes consideran «antihuelga». La ley, que ya cuenta con media sanción en el Congreso, establece que, en caso de paro, los transportistas deben garantizar la circulación del 70% del servicio, una medida que, según Yúdice, «es inconstitucional» y anula el derecho a la huelga, «el último elemento que le queda al trabajador».
La vocera de OPAMA no solo defendió el derecho a la protesta de los trabajadores, sino que criticó la actitud del Viceministerio de Transporte. En lugar de garantizar los derechos laborales, que evitarían futuros conflictos, «se ocupa en meter un artículo antihuelga», lo que genera desconfianza. «Este es nuevamente una negligencia del Gobierno», aseveró Yúdice.
Las Consecuencias de la Indiferencia del Gobierno
La representante de OPAMA señaló que la falta de diálogo y la prepotencia de las autoridades son los principales generadores de esta crisis. «A mí realmente en esta situación lo que me molesta es la actitud del Gobierno», expresó Yúdice, lamentando que no se haya respetado a los trabajadores, quienes también son víctimas de la precarización y las pésimas condiciones del servicio.
La vocera advirtió sobre las serias consecuencias de la huelga. «Todo el país se va a ver perjudicado porque el movimiento económico se va a ver afectado», dijo. Subrayó que la falta de movilidad tendrá un impacto negativo en la vida de las familias y en la economía y la sociedad en general.
Finalmente, Yúdice hizo un llamado a los diputados para que reconsideren el polémico artículo y abran un espacio de diálogo. «Ojalá seamos convocados por las comisiones y sí podamos discutir esto», manifestó, instando al Gobierno a hacerse cargo de su responsabilidad y a entender que no se pueden «cercenar derechos que ya están garantizados en la Constitución».
