El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, confirmó que existen indicios preliminares sobre una eventual participación de funcionarios de la penitenciaria en la fuga de dos condenados en un penal del departamento de Misiones La investigación analiza la actuación de los agentes responsables de la custodia y del monitoreo de cámaras.
MISIONES. El Ministerio de Justicia investiga una posible participación de funcionarios penitenciarios en la fuga de dos internos de la Penitenciaría Regional de Misiones, ubicada en la ciudad de San Juan Bautista.
Los prófugos fueron identificados como Ignacio Cubilla, condenado a 13 años de prisión por tráfico de drogas, y Pascual Benítez, sentenciado a 26 años por homicidio doloso.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, explicó que el Ministerio Público encabeza la investigación penal, mientras que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia desarrolla una pesquisa administrativa.
Analizan la custodia y el monitoreo de cámaras
Una de las primeras diligencias busca determinar por qué los dos condenados se encontraban en el sector de admisión del penal y quiénes estaban a cargo de su vigilancia. Maciel explicó que los internos tuvieron que superar varios controles antes de salir y que parte del recorrido quedó registrado por las cámaras de seguridad.
“Tuvieron que salir de ese sector, atravesar una reja y sortear aproximadamente tres controles. Todo eso se visualiza en los videos del circuito cerrado. Por eso también se indaga la función de las personas responsables de vigilar las cámaras.”
Sospechan una posible liberación de presos
Maciel confirmó que, de manera preliminar, existen indicios que apuntan a una posible colaboración interna. No obstante, aclaró que la responsabilidad penal deberá ser establecida por la Fiscalía.
“Esa es la sospecha. Inmediatamente después de la fuga habría indicios de la participación de algunos funcionarios. Entonces, perfectamente se podría configurar el delito de liberación de presos.”
Ese delito contempla una pena máxima aproximada de cinco años, aunque las responsabilidades deberán ser individualizadas por el Ministerio Público.
Las autoridades también analizan si los dos fugados tenían un objetivo posterior. Maciel evitó dar detalles porque la información todavía se encuentra en el ámbito de la inteligencia penitenciaria.
“Aparentemente ellos tendrían otra finalidad al salir… Pero mientras no se pueda objetivar con algún tipo de evidencia concreta, sigue siendo información de inteligencia.”
El capital humano, punto crítico de la reforma penitenciaria
El viceministro reconoció que el funcionamiento del sistema depende también de la selección, capacitación y conducta del personal.
“De nada sirve que tengamos nuevas penitenciarías, tecnología de apoyo e institutos superiores de educación si finalmente no tenemos una buena selección, un personal capacitado y que sea leal a los fines y a la misión de la institución.”
Como alternativas explicó que el Ministerio de Justicia desarrolla cursos de formación y capacitación permanente como proceso de profesionalización de los agentes, además que funcionarios contratados que anteriormente percibían el salario mínimo pasaron a cobrar aproximadamente G. 3.850.000.
Investigación deberá determinar si hubo negligencia o complicidad
La pesquisa deberá establecer si existió una falla en los controles, negligencia de los agentes o una colaboración deliberada para facilitar la salida de los condenados.
Hasta que concluyan las investigaciones penal y administrativa, la participación de funcionarios permanece como una hipótesis bajo análisis y no como un hecho comprobado.
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